La acción legal fue presentada en el Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Carlos Quezada y la madre de Diego Portugués, uno de los presos que falleció en el incendio que se desató en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, de Santiago, tras una pelea entre reos.
Diego Portugués, de 23 años, cumplía una condena de cinco años por el homicidio de un delincuente que había ingresado a su domicilio.
El joven es una de las víctimas cuyos restos aún no han sido identificados oficialmente por el Servicio Médico Legal.
El abogado Quezada interpuso la querella por los delitos de homicidio calificado y homicidio por omisión porque, explicó, Gendarmería (Servicio de prisiones) incumplió una orden judicial para trasladar a Portugués a otra cárcel y decidió internarlo en la de San Miguel, donde falleció.
Por su parte, el fiscal jefe de la zona sur de Santiago, Alejandro Peña, sigue con la investigación del caso y ayer interrogó a algunos de los gendarmes de la cárcel de San Miguel.
Cuerpos calcinados
En el Servicio Médico Legal (SML) avanzan con lentitud los trabajos para identificar a los 81 fallecidos, debido a que algunos cuerpos quedaron totalmente calcinados. Ayer se habían identificado a 31 cadáveres y 18 habían sido entregados a sus familiares.
La identificación de los 50 fallecidos restantes será más dificultosa porque los cuerpos quedaron calcinados y en la mayoría de los casos será necesario realizar exámenes genéticos y de piezas dentales. Por este motivo, el director del SML, Patricio Bustos, pidió a los familiares de los fallecidos que entreguen muestras odontológicas o radiografías de los reclusos y que donen sangre para las pruebas genéticas.
Las autoridades sanitarias informaron que tres de los 15 reclusos heridos siguen extremadamente graves y 14 de ellos están conectados a respiradores artificiales.