Por pretender ser más nacionalista que los nacionalistas genuinos de ERC y de Convergencia i Unió, -hoy Partido Democrático de Cataluña (PDCAT)- el PSC inició un proceso gradual y continuado de decadencia, que la ha hecho descender al 5º puesto en el escalafón de partidos autonómicos.
Proceso de crisis del PSC
El PSOE nacional ha dado de siempre amplio margen de autonomía a su filial catalana, aunque el PSC debería respetar las líneas directrices establecidas por la casa-madre, aunque no siempre ha sido así en las cuestiones que afectaban a Cataluña, en la que la madre ha ido a remolque del hijo pródigo y de sus veleidades nacionalistas, cercanas al secesionismo. El punto de partida del proceso de implosión se inició cuando el Presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero -para congraciarse con los nacionalistas- tuvo la genial idea de afirmar que “nación” era un término discutible y discutido, y que su Gobierno aceptaría cualquier reforma del Estatuto que propusiera el Parlament. Los hechos son bien conocidos. El texto elaborado por la cámara catalana y aprobado en referéndum tuvo que ser corregido en las Cortes para tratar de adaptarlo a la Constitución. El PP lo denunció ante el Tribunal Constitucional (TC), el cual anuló algunas de sus disposiciones básicas y aceptó otras dando una “ interpretación conforme” de las mismas, que no convenció ni a tirios ni a troyanos.
En su libro “Maquiavelo para el siglo XXI”, Ferrán Caballero ha dado una original e interesante versión del proceso de crisis del PSOE y de su filial catalana. Una vez que ganaron el poder en Cataluña, los socialistas no supieron ganarse el favor de los medios más poderosos que no tenían tradicionalmente a su favor y, al promover una reforma de tanto calado como la del Estatuto, dieron a la oposición muchas oportunidades de acrecentar su poder e influencia y a los otros miembros del Gobierno la oportunidad de marcar perfil propio. Engañaron, y finalmente despreciaron, al pueblo y a las instituciones de Cataluña, y dejaron coger prestigio a los partidarios de la independencia. Porque los socialistas fueron incapaces de hacer lo que deberían hacer todos los gobernantes serios, que no sólo miran las alteraciones del presente, sino que también han de prever las futuras y evitarlas después con todos los medios. Queriendo gobernar y no teniendo otra alternativa para formar Gobierno, tuvieron que hacer las alianzas que pudieron. Pero no ver de lejos las dificultades que traía consigo elaborar un Estatut con los nacionalistas catalanes y prometer apoyo incondicional al texto resultante no las pudieron remediar y las dejaron crecer para evitar el conflicto y mantener el poder, olvidado que el conflicto no se evita, sino que se difiere con ventaja para los otros. Por ello, prefirieron aplazar el conflicto enmendando en texto en el Congreso y entrando en guerra con el PP en Madrid para no tener que pelearse con los nacionalistas en Barcelona. Habrían podido ahorrarse ambas, pero no supieron cómo y acabaron divididos y derrotados.
Se ha planteado Caballero si el PSOE podría haber mantenido su reputación en Cataluña si hubiera asegurado y defendido los intereses de sus votantes tradicionales, los cuales –por ser muchos y fieles, y miedosos unos de la derecha y otros del nacionalismo- siempre necesitaron estar con él. Pero, tan pronto consiguió el Gobierno del Estado, hizo lo contrario. Mantuvo su alianza con los nacionalistas y -al mismo tiempo- traicionó las promesas que les había hecho en la tramitación del Estatut en el Congreso, y no se dio cuenta de que, con esta decisión, se debilitaba y perdía el apoyo de aquellos que se habían recogido en su regazo y, a la vez, engrandecía al PP, que veía reforzado su papel de partido de Estado frente a los amigos de los separatistas. Y, cometido el primer error, fue obligado a continuar como ha venido haciendo hasta hoy día. Por desear gobernar tanto Cataluña como el Estado al precio que fuese, no sólo perdió el poder en ambos lados, sino también –lo que es peor- la identidad y la unidad.
El PSOE cometió una serie de errores: desautorizó a sus propios líderes, aumentó el poder de la izquierda nacionalista, hizo hueco en el centro para su gran adversario –Convergencia- y provocó el surgimiento de Ciudadanos y de Podemos en su mismo espacio electoral. Para colmo, negó la crisis económica y fue incapaz de liderar la respuesta que ésta demandaba y hacer las reformas que el tiempo y la situación exigían. Los socialistas perdieron el poder y la credibilidad por no comportarse como debían. Concluía Caballero afirmando que “si los populares no dominan la cuestión territorial, lo socialistas no dominan los asuntos de Estado, porque, si lo hubiesen hecho, no habrían dejado deteriorarse la situación de la economía ni la situación de Cataluña. Y de esta experiencia se ve claro que ni fueron los primeros, ni serán los últimos que, teniendo que elegir entre el poder los principios, sacrificaron los principios y perdieron el poder”.
Apoyo del PSC al “derecho a decidir”
El PSC tiene dos almas: la de la burguesía escorada a la izquierda afín al nacionalismo y la obrera de los inmigrados de otras partes de España, que se aposentaron en los “cinturones rojos” de las grandes urbes, especialmente Barcelona. El problema es que muchos “charnegos”, por complejo de inferioridad o para hacer méritos, se han hecho más nacionalistas que Companys hasta el punto de avergonzarse de sus regiones de origen. Un ejemplo claro es el Alcalde de Blanes, Miguel Lupiáñez, nacido en un pueblo granadino, que ha denigrado a su región y afirmado que en Cataluña se vive de otra manera, e igual ocurre en Dinamarca con respecto al Magreb.
El PSC ha defendido el “derecho a decidir” e incluso lo incluyó en su programa electoral, pero tuvo que retirarlo por presión de la ejecutiva del PSOE, aunque siga defendiéndolo “soto voce” y algunos de sus dirigentes de forma abierta. El conjunto del PSOE ha tratado de contentar a su díscolo miembro y en la “Declaración de Granada” se incluyeron algunas concesiones que el PSC no consideró suficientes. El. PSC es autónomo, especialmente en lo relativo a las cuestiones que afectan específicamente a Cataluña, pero debe acatar las líneas directrices marcadas por el PSOE a nivel nacional. Está en el mejor de los mundos. Pues tiene representantes en la Ejecutiva Nacional del PSOE y participa en la elección de su Secretario General, pero no admite a miembros del PSOE en su Ejecutiva Regional y no permite que los miembros del aquél participen en la elección del Secretario General del PSC. El momento de mayor enfrentamiento se produjo cuando éste se negó a acatar en 2016 la decisión de la Gestora Nacional del PSOE de abstenerse en la elección de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno y todos sus diputados en el Congreso votaron en contra. Hubo una ola de indignación en el PSOE nacional por la deslealtad de su asociado y muchas voces se alzaron para proponer una modificación de las relaciones entre los dos partidos, pero la sangre no llegó al Llobregat y la situación privilegiada del PSC se mantuvo como estaba. Con el rereso a la Secretaría General del PSOE de Pedro Sánchez –que contó con el apoyo incondicional del PSC-, el nuevo líder se ha mostrado aún más inclinado a favorecer s su asociado catalán. Esto se ha puesto de manifiesto con la reciente adopción de la “Declaración de Barcelona: Por el Catalanismo y la Reforma Federal”.
Defensa de Pedro Sánchez de un confuso y peligroso “plurinacionalismo”
Al igual que Rodríguez Zapatero quiso mostrar su amor a Cataluña prometiendo “el oro y el moro” para la adopción del nuevo Estatut –“de aquellos polvos nacen los actuales lodos”-, Sánchez ha incluido en su declaración de amor a la Comunidad el reconocimiento del “plurinacionalismo”, plasmado en la afirmación de que España es una “Nación de Naciones”, entre las que se incluye Catalunya. Como ya apuntó el experto del PSOE en cuestiones autonómicas, Pachi López –antes delparto, por supuesto-, Sánchez no tiene ni pajolera idea de lo que es una “Nación” y se permite enzaarzarse en especulaciones e hipótesis sumamente peligrosas.
Según Santiago Muñoz Machado, unos ofrecen interpretaciones de la Constitución tan imaginativas como carentes de fundamento y otros consideran que ésta ha de dejar paso a la “democracia reconstituyente” para que los pueblos que forman España elijan separadamente su destino. Las ansias de poder pierden a unos y las perversas ideología nacionalistas a otros, y el resultado es que nos inunda un torrente de despropósitos. En nuestra tradición constitucional, la Nación como titular de la soberanía coincide con las nociones del pueblo y del Estado español. La Constitución de 1812 afirma que la soberanía reside en la Nación y similar es el criterio establecidas en las Constituciones de 1837, 1969, 1931 y 1978. Según los artículos 1 y 2 de la Carta Magna, la soberanía nacional reside en el pueblo español y la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación, a la par que “reconoce y garantíza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. El único sujeto constituyente es España y a las nacionalidades no se les reconoce el menor residuo de poder constituyente. Se fundamentan y tiene su apoyo exclusivo en la Constitución misma y no pueden subvertirla. La concepción de Sánchez de una “Nación de naciones” sólo puede materializarse por medio de una Confederación. Según Sánchez, “la España nación de naciones va a llegar”, porque el centralismo representa al pasado y deja pudrir los problemas en el presente, como está haciendo el Gobierno del PP con el conflicto catalán. Se trata, sin embargo, de una propuesta sin sentido ni porvenir y los promotores del alboroto plurinacionalista no se han parado un minuto a pensar en lo que han dicho, pues no se han tomado en serio la Constitución.
Para tratar de bordear el abismo de una España confederal –que no federal, como Sánchez dice ansiar- matiza que se trata de “naciones culturales”, ignorando en su supina ignorancia jurídica que –como ha señalado el TC- lo fundamental es el sentido jurídico del término. Reconocer a Cataluña como Nación. llevaría aparejados su derecho a decidir, el ejercicio de la libre determinación y su eventual opción por la independencia. Como ha observado Muñoz Machado, siguiendo a Ernest Renan –autor del libro “¿Qué es una nación?-, cualquier provincia española puede ser una “nación en sentido cultural”, pues cuentan con un territorio, una historia, costumbres comunes y voluntad de convivir. Ni siquiera necesitan contar con una lengua propia, pues lo esencial es que “la colectividad conjugue un proyecto de vida en común”. Sánchez, que sigue erre que erre con su melopea del plurinacionalismo cultural, pero éste es del todo inútil para montar soluciones duraderas y eficientes de organización del Estado. Los supuestos beneficiarios -los nacionalistas- no están dispuestos a comprarle la burra tuerta, pues lo que quieren no es una “nación cultural” –de la que ya disfrutan gracias los ahora denostados Constitución y Estatuto-, sino una “nación a secas”, en su sentido político-jurídico, que les permita acceder a la independencia.
Sánchez ha encontrado una cierta complicidad intelectual en el Catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad del País Vasco, Daniel Innerarity, quien ha afirmado,-de forma un tanto confusa- que las tensiones que sufre España describen un Estado poliárquico muy diferenciado, que califica de “plurinacionalidad” y que equivale a “articular la diversidad en una cierta uniformidad”. Ha afirmado que en España seguimos pensando que a una nación le corresponde un Estado y que ese Estado ha de tener un poder soberano, pero nos equivocamos. Aunque la nación es un principio político, no significa que conduzca a la consecución de un Estado. En el pluralismo constitucional del Estado español hay elementos centralistas, autonómicos, federalizantes y confederales, pues tanto el País Vasco como Navarra ya se rigen “de facto” por un principio confederal. No estoy de acuerdo con la opinión de Innerarity, que carece de fundamento jurídico. Como señaló el TC dejó en su controvertida sentencia de 2010, “nación” es un término proteico que puede reflejar una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológic e incluso religiosa, pero lo más relevante era su sentido jurídico-constitucional y, en este sentido, la Constitución no reconoce otra Nación que la española y el término no puede referirse a otro conjunto que no sea el pueblo español, titular único de la soberanía nacional. El Estatuto no habla del pueblo catalán como titular de la soberanía nacional, porque reconoce que ésta sólo compete al pueblo español. Se fundamenta y tiene su razón de ser en la Constitución y sus normas no pueden desconocer ni inducir al equívoco en cuanto a a la indisoluble unidad de la Nación española. Las palabras no son inocentes y las jurídicas aún menos. Aunque sea mucho pedir, convendría que Sánchez se dejase aconsejar por los López, los Jáuregui y de los buenos juristas del PSOE y dejar de decir necedades “urbi et orbe”, de las que luego será difícil desdecirse y podrían causar graves perjuicios a España y al propio PSOE. Baste recordar las promesas de Felipe González –“OTAN: de entrada NO”- o las ya citadas de Rodríguez Zapatero sobre el Estatut. Según Javier Redondo, cuando el PSOE coquetea con el término “plurinacionalidad”, emplea,-consciente o inconscientemente- tesis separatistas, e ignora que la nación delimita el sujeto de la soberanía. Con su concepción de la plurinacionalidad, el PSOE avanza inexorablemente hacia el “derecho a decidir” y, con su desorden conceptual, nos aproxima al caos.
Declaración de Barcelona: Por el Catalanismo y la España federal
Las concesiones de Sánchez a la sensibilidad nacionalista del PSC se han materializado en la “Declaración de Barcelona”, que adoptaron conjuntamente el PSOE y el PSC el pasado 14 de Julio. Pedro Sánchez y Miquel Iceta –Secretario General de éste y candidato a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas- parten de un grave error de posición, pues pretenden situarse en un punto equidistante entre dos extremos: los excesos de los independentistas –separatistas- y el inmovilismo del Gobierno de España -separadores-, dos extremos que se retroalimentan.. Semejante planteamiento es falaz, injusto y peligroso, pues no es ético ni decente poner en pie de igualdad a los que incumplen las leyes y a los que tratan de que se cumplan. Sánchez apunta un rasgo de estadista cuando afirma que apoyará al Gobierno para que se cumplan la Constitución y las leyes, porque “fuera de la ley no hay nada”, pero acto seguido deja traslucir su cariz de político oportunista e irresponsable, al ponerle al Gobierno una serie de obligaciones, algunas de ellas de imposible cumplimiento. Afirma que “con la ley no basta” y que ”falta la política”, por lo que exige al Gobierno que proponga “diálogo, acuerdo y, sobre todo, mesura”.Son palabras fáciles para sermonear, pero tendría que aclarar cómo se puede dialogar con alguien que no quiere el diálogo, cómo se puede llegar a acuerdos con quien sólo aspira a violar la Constitución y la leyes y conseguir unilateralmente la independencia, y cómo se puede ofrecer mesura a los que abusan de su mesurada pasividad del Gobierno y de la inmunidad que hasta ahora les ha concedido al consentir impasible la continuada violación de las leyes y de las sentencias de los Tribunales. Puede que tenga razón en que haga falta recurrir a la política ante un conflicto que es fundamentalmente político, pero de lo que no cabe la menor duda es que no se pude negociar políticamente con quienes violan sistemáticamente las normas del Estado pues fuera de la ley no hay nada.
La Declaración de Barcelona es una carta a los Reyes Magos republicanos y con barretina.:Mejor reconocimiento de la pluralidad nacional de España, recuperación de parte del Estatuto aprobado en 2006, fortalecimiento del autogobierno de Cataluña y mayor traspaso de competencias, establecimiento de un Consejo General de Poder Judicial propio, reforzamiento de la identidad nacional, aumento de las inversiones del Estado, reforma de la Constitución de tipo federal y anulación de la sentencia sobre Companys. Según el dúo dinámico Sánchez-Iceta, se podrían aceptar 45 de las 46 peticiones que Carles Puigdemont planteó en su día a Mariano a Rajoy. Y todo eso ¿a cambio de qué?. ¿De que la Generalitat haga la gran concesión de renunciar, por el momento, a la independencia?. El Debe del Gobierno es sumamente amplio, mientras que el del Govern está prácticamente en blanco.
No cabe entrar a examinar en detalle cada una de estas propuestas, pero sí hacer una breve evaluación de cada una de ellas y de su conjunto. Sobre el reconocimiento del plurinacionalismo creo que ya he dicho bastante. Se han pronunciado por recuperar buena parte de los artículos del Estatut aprobado por el Parlament, pese a que el TC declaró inconstitucionales a muchos de ellos y avaló otros recurriendo a benevolentes “intepretaciones conformes” de dudosa constitucionalidad. Han sugerido fortalecer el autogobierno de una de las regiones del mundo –incluidos Estados federales- que de más competencias dispone. ¿Incluye acaso la concesión de un Pacto Fiscal similar al del País Vasco y de Navarra?. Han impulsado la creación en Cataluña de un Consejo General del Poder Judicial propio, independiente del nacional y con plenas competencias, lo que supondría la ruptura de la unidad del poder judicial en España y facilitaría la “comprensión” de los Tribunales autonómicos hacia los delitos de prevaricación y corrupción de los partidos nacionalistas que han ejercido el práctico monopolio del poder en Cataluña. No es casual que la mayor parte de los artículos declarados inconstitucionales por el TC figuraban en el apartado relativo a la Administración de Justicia. Han propuesto reconocer “los elementos simbólicos referidos a la identidad y a la Historia” de Cataluña, como si ya no estuvieran suficientemente reconocidos y protegidos en la Constitución y el Estatuto. Han pretendido que la inversión del Estado en Cataluña sea equivalente a su porcentaje de participación en el PIB de España. La propuesta no puede ser más retrógrada pues persigue dar más al que más tiene, por lo que es contraria a los principios de la Justicia distributiva e impropia de un partido que presume de socialismo. Ignoran además los derechos e intereses de las demás Comunidades al establecer el principio de bilateralidad sin tener en cuenta el interés general de la Nación. Han propuesto iniciar de inmediato un proceso de reforma de la Constitución en clave federal –aunque sea sin la participación del partido mayoritario PP-, sin que hasta el momento hayan puesto negro sobre blanco en que disposiciones concretas se plasmaría esa reforma, limitándose hasta la fecha a vagas y etéreas declaraciones de principio. Con carácter meramente anecdótico, han prometido revisar el proceso y anular la pena por alta traición al antiguo Presidente de la Generalitat, Lluis Companys, que fue condenado a 30 años de reclusión, no por los tribunales franquistas, sino por los de la nunca suficientemente ponderada II República de España.
Respecto al conjunto de las propuestas, me limitaré a reproducir algunas de las consideraciones de un editorial de “El Mundo. El PSOE ha aceptado casi al completo las tesis de su partido hermano en Cataluña y Sánchez ha cometido un error al asumir el camino a ninguna parte del PSC:”primero, porque las ambigüedades y las políticas paliativas ya no sirven en un escenario en el que está en riesgo la unidad nacional; y, segundo, porque resulta completamente estéril coquetear con el independentismo en materias tan relevantes como la descentralización de la Justicia o la mejora de la financiación para Cataluña” Sánchez está llevando al PSOE al marco político en que lo situó Rodríguez Zapatero en la aciaga aventura de la reforma del Estatuto. Entonces abrazó la tesis del PSC de Maragall y buscó la complicidad de parte del nacionalismo, pero aquella operación fue un completo fracaso y se convirtió en el origen de la deriva que ha conducido a Cataluña a una vía muerta. Sánchez ha prometido su apoyo al Gobierno para frenar el referéndum ilegal del 1 de Octubre, pero ha impuesto articular soluciones “políticas”, como una reforma de la Constitución para sustituir el Estado de las Autonomías por un Estado federal, que no han sido capaces de concretar. Plantear una reforma constitucional de este calibre sin contar con el PP es una equivocación de bulto y un brindis al sol, no sólo por aferrarse a la plurinacionalidad del Estado –un concepto que Susana Díaz ha laminado en la ponencia correspondiente para el Congreso del PSOE andaluz-, sino por pretender volver al Estatuto de 2006 que el TC ya declaró parcialmente inconstitucional. El PSOE debería saber que “lo que se dilucida en Cataluña, al socaire del delirio independentista, no es un problema político que pueda solucionarse con ocurrencias más o menos reformistas, sino la preservación de la ley, la democracia y la soberanía nacional”.
El PSOE se encuentra ahora más cerca que nunca del PSC y se ha dejado vampirizar por sus hábiles dirigentes, hasta el punto de reconocer las tesis de su filial sobre la calificación de Cataluña como nación y el correspondiente “derecho a decidir” del pueblo catalán, que hasta ahora se había negado a aceptar. Sánchez ha retribuido a Iceta por la aportación del 83% de los socialistas catalanes a su candidatura en las primarias - que le permitió ser nombrado de nuevo Secretario General-, aceptando las tesis del PSC en materia de organización territorial del Estado. Consagrado “a la búlgara” como candidato socialista a la Generalitat, Iceta pidió al líder del PSOE que se acabara con los cinco años de discriminación del Gobierno central hacia Cataluña y que “impulse una España distinta que respete a Cataluña en su identidad” y “un Estado que defienda los intereses de los catalanes”. El victimismo no es patrimonio exclusivo de los nacionalistas. Y después, el danzarin Miquel se marcó un “pas à deux” con su amigo Pedro en medio del entusiasmo general.
Madrid, 16 de Julio de 2017
(*) José Antonio de Yturriaga es embajador de España
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