Brasil: Temer y Lula cada vez más complicados por investigaciones judiciales

La crisis política en Brasil va en aumento y afectó este fin de semana particularmente a dos de las grandes figuras políticas del país: Michel Temer, actual presidente, y Luiz Inácio Lula Da Silva, mandatario entre 2003 y 2010, quienes parecen estar cada vez más comprometidos por acusaciones de corrupción.

La Policía brasileña detuvo ayer por la mañana a un ex colaborador cercano de Temer, el ex diputado Rodrigo Rocha Loures, acusado de haber recibido un soborno del gigante cárnico JBS. Según algunos analistas políticos, la noticia "cortó la respiración" en el Palacio de Planalto por la potencial delación que, a partir de ella, se puede generar, señaló DPA.

La Fiscalía lo señala como responsable de haber recibido en marzo una valija con 500.000 reales (unos 150.000 dólares) que, según habrían contado ejecutivos de JBS a la justicia, provendrían del pago de coimas.

Según la investigación que lleva adelante la Procuradoría General de la República (Fiscalía), el dinero cobrado por Rocha Loures formaba parte de un acuerdoñentre el empresario Joesley Batista, dueño de la empresa JBS, y el propio Temer.

La detención de Rocha Loures, así, golpea muy de cerca al mandatario, ya que ambos están siendo investigados en la misma causa.

Respecto a una potencial delación de su ex asesor, en el caso de que fuese apresado, Temer había dicho el viernes: "Dudo que me denuncie". Sin embargo, la efectivización de la captura encendió las alarmas en el Ejecutivo.

En el escrito que Rodrigo Janot, fiscal general de la República, presentó al Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir la detención de Rocha Loures, el funcionario se refirió al acusado como "longa manus" de Temer.

La expresión, en latín, refiere a aquel que ejecuta las órdenes que le da otro.

En cuanto a Lula, su situación con la justicia pareció agravarse este sábado, luego de la difusión de algunos fragmentos de un documento por parte de la fiscalía, en el que se pide la condena "en régimen cerrado" del ex presidente, por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El término "régimen cerrado" provocó ciertas suspicacias respecto a la interpretación de la noticia. Agencia Brasil y el diario O Globo comunicaron que se trata de "prisión", mientras que Folha de Sao Paulo, otro de los principales diarios del país, evitó esa palabra.

El pedido de la fiscalía está relacionado con una de las seis denuncias que involucran a Lula ante la justicia y que refiere a la reforma de un inmueble en el interior del estado de Sao Paulo, que era usado por el ex presidente y su familia.

Las constructoras Odebrecht y OAS son acusadas de haber pagado, con estas reformas, sobornos para obtener contratos con la petrolera estatal Petrobras, que está en el centro del caso Lava Jato (Lavado de autos). El inmueble, según lo investigado hasta ahora, está a nombre de la propia OAS.

En el documento de alegatos finales, entregado al juez Sérgio Moro, quien lleva adelante la causa, los investigadores pidieron la condena del ex presidente con base en pruebas indiciarias. Afirman que, a pesar de no haber pruebas directas, el STF tiene la potestad de aprehender al acusado.

Luego de que se diese a conocer el pedido de la fiscalía, los abogados de Lula salieron a defender a su representado.

"El ex presidente no es y jamás fue propietario del triplex que pertenece a OAS y fue usado por esta empresa para asegurar diversas operaciones financieras", manifestaron en una nota los colegiados Cristiano Zanin y Valeska Teixeira Martins.

Lula, que presidió Brasil entre 2003 y 2010, es el político más influyente de Brasil en las últimas dos décadas e ícono de la izquierda latinoamericana. El ex presidente ha anunciado incluso que quiere volver a ser candidato presidencial en las elecciones de 2018.

Sin embargo, en el caso de resultar condenado en alguna de las seis causas en las que está implicado (cuatro de ellas relativas al Lava Jato) Lula podría quedar inhabilitado para presentarse a la compulsa.

Las acusaciones contra Temer y Lula están ambas enmarcadas en el caso Lava Jato, una investigación sobre la corrupción política que comenzó hace más de tres años inicialmente en la petrolera estatal Petrobras. La megacausa alcanza en tanto a decenas de empresas y políticos en el país suramericano.