Tensión entre PP y Ciudadanos por caso de corrupción

El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y los centristas de Ciudadanos mantenían un duro enfrentamiento político este lunes, a propósito de un caso de presunta corrupción en la región de Murcia.

Falto de mayoría absoluta, el PP gobierna España y esta región agrícola del sureste gracias a Ciudadanos, que con su apoyo permitió la investidura de los conservadores en el Parlamento nacional y en el murciano, citó AFP.

Los centristas, cuarta fuerza parlamentaria a nivel nacional, condicionaron no obstante su apoyo a la firma de un pacto anticorrupción después de que el PP se viera implicado en numerosos escándalos muy mediatizados.

Pero ahora el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acusa al PP de incumplir su palabra por apoyar al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, protagonista de un enésimo caso de presunta corrupción en las filas conservadoras.

"El PP reniega de lo que ha afirmado, de lo que ha acordado", dijo Rivera este lunes a Radio Nacional de España (RNE).

Poco después, su número dos, Inés Arrimadas, añadió que el problema podría solucionarse "en un cuarto de hora" si los de Rajoy promueven un sustituto que esté limpio de sospechas.

Arrimadas recordó que al mantener su apoyo al dirigente regional el PP está incumpliendo el primer punto de ese pacto anticorrupción, que preconiza la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

El número tres del PP, Fernando Martínez-Maíllo, matizó sin embargo que para la formación conservadora el límite para ese apartamiento está en la apertura de un juicio oral, un extremo que de momento está en el aire.

Y dejó claro que su partido "no se plantea ninguna opción alternativa en estos momentos" para relevar al dirigente murciano, que este lunes declaró ante los jueces durante cuatro horas.

Pedro Antonio Sánchez respondió por un caso en el que se investiga si entre 2006 y 2011 cometió delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental, al adjudicar la construcción de un auditorio en la localidad murciana de Puerto Lumbreras, de la que entonces era alcalde.

Dicha adjudicación contó con una subvención pública de 6 millones de euros, una cantidad que según afirmó luego ante la prensa se destinó íntegramente al proyecto.