Polémica en Argentina por compra de Kirchner de USD 2 millones en plena crisis

Una fuerte polémica se desató en Argentina esta semana por el supuesto uso de información privilegiada por parte del ex presidente Néstor Kirchner en la compra de 2 millones de dólares en plena crisis financiera de 2008, durante el gobierno de su esposa, Cristina Kirchner.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, admitió la operación y dijo que la compra “no fue en negro, fue legal, hecha dentro del marco de lo que la ley indica”.
“Las operaciones que se hacen en el mercado formal son legales y esto está hecho en estos términos; allí no hay nada que decir”, sostuvo a su vez el ministro de Economía, Amado Boudou.

La ley argentina indica que el monto máximo para adquirir dólares es de dos millones, pero la oposición cuestiona a Kirchner por “falta de ética” y por haber usado presuntamente información privilegiada para concretar la operación realizada en octubre de 2008, poco antes de que estallara la crisis financiera internacional.

La información publicada por la prensa se conoció días después de que el renunciante presidente del Banco Central, Martín Redrado, amenazara con difundir una lista con “amigos del poder que compraron dólares”, en medio de una fuerte pelea que mantiene con el gobierno desde hace un mes y que generó una crisis institucional.

Ricardo Gil Lavedra, abogado y diputado de la opositor radicalismo, recordó que en 2008 Kirchner ya no era presidente (2003-2007), pero “sí lo era su esposa, y las ganancias obtenidas por esas compras son bienes gananciales (del matrimonio), por lo que se puede inferir que la propia presidenta es la beneficiaria de este negocio”.

El diputado de la socialcristiana Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, dijo que su bloque iniciará una causa contra Kirchner al considerar que “infringió la ética pública al comprar 2 millones de dólares siendo el cónyuge de la presidenta y teniendo información reservada”.

Kirchner, diputado desde diciembre de 2009 tras ser electo en junio pasado, no tenía cargo público alguno en el momento de la operación, en octubre de 2008.

La ley de ética pública establece en su artículo 2 el deber ético de los funcionarios públicos de “abstenerse de utilizar información adquirida en el ejercicio de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados”.

En tanto, el artículo 268 del Código Penal reprime a los funcionarios públicos que, con fines de lucro, utilicen para ellos mismos o para un tercero información reservada que hayan conocido en razón de su cargo, detalló Manuel Garrido, director del Programa de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

Según Garrido, además “debería establecerse cuáles fueron los fondos con los que se realizó la operación, dado que estas operaciones se produjeron dentro del período de dos años desde que el adquirente dejó de ser presidente, término contemplado por la ley penal argentina para el delito de enriquecimiento ilícito”.

En diciembre pasado, un juez federal exculpó a los Kirchner de una acusación por presunto enriquecimiento ilícito, tras una denuncia en base a la declaración jurada que detalla un aumento del patrimonio de 158% en 2008.