Casi 40.000 inmigrantes más tienen permiso de residencia en la Comunitat

El número de inmigrantes con permiso de residencia ha aumentado en la Comunitat Valenciana. Es decir, según ha denunciado el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, aumenta la llegada de extranjeros pero, sin embargo, “el Gobierno socialista está de espaldas a la realidad y recorta las ayudas a la Comunitat para impulsar las políticas de integración”.

En concreto, si comparamos con los mismos datos del año pasado, un total de 38.920 inmigrantes más posee la tarjeta de residencia. Así, las cifras globales del último informe trimestral del Observatorio Permanente de la Inmigración señalan que los extranjeros con tarjeta de residencia en vigor en nuestra región son 597.424.

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, destaca sobre estas nuevas cifras que “la región valenciana es una tierra con gran capacidad integradora, de acogida y las personas llegadas de otros países que viven en ella se han adaptado a la perfección y esta cohesión se nota cada vez con más fuerza”.

En relación al citado incremento de tarjetas de residencia, la provincia de Valencia es la líder con 23.203 permisos nuevos en este tercer trimestre de este año, en relación a 2008, (11.39%), correspondiendo la mayoría a extranjeros adscritos al Régimen General (18.527). Le sigue de cerca Castellón con un aumento del 7,31% y Alicante, con un aumento del 3,5%. Por sexos, las tarjetas en vigor en la Comunitat Valenciana son en un 53.2% de hombres y 46,8% para las mujeres.

El incremento del número de extranjeros con tarjeta de residencia coincide en el tiempo con el anuncio del Gobierno de recortar las ayudas contempladas en el Fondo de Acogida para la Integración y el Refuerzo Educativo en un 50%. El titular de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha denunciado que la Comunitat es la cuarta peor financiada en España según el número de inmigrantes y ahora ha exigido variar el modelo de financiación para que se base en la cifra de extranjeros residentes y previa determinación de una cuantía fija por persona. Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada por el Gobierno en el Congreso de los Diputados.