La (fea) tendencia latinoamericana de disolver el Congreso

Lo dice la historia de América Latina: cada vez que se deja sin funciones a una de las ramas del poder público, está cerca la catástrofe. Son pocos los países del continente donde el Congreso no ha sido disuelto por lo menos una vez. Y en pocos casos en los que se hizo, esta disolución ha sido para bien.

Por ejemplo: en Colombia, en 1991, y en Ecuador, en 2007, se disolvió el Congreso para darle paso a una asamblea constituyente. Lo que, en teoría, es positivo. En el resto de casos fue la antesala a una dictadura o al totalitarismo.

En Uruguay, por ejemplo, una de las primeras decisiones de los golpistas fue declarar “disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes”, por medio del decreto Nº 464/973 del 27 de junio de 1973, que dio inicio a la dictadura.

A los pocos meses, en Chile el 11 de septiembre de 1973, quienes derrocaron a Salvador Allende tomaron una decisión similar: disolver el Congreso, pese a que estaba controlado por quienes se oponían a Allende. El decreto ley Nº 128, del 12 de noviembre de 1973, lo estableció así: “La Junta de Gobierno ha asumido desde el 11 de septiembre de 1973 el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo”. En Argentina, en 1976, los golpistas disolvieron el Congreso con palabras muy similares a las de chilenos y uruguayos.

Pero esta (fea) costumbre de disolver el Congreso no es sólo de los militares: gobiernos en apariencia democráticos también lo han hecho. Este 5 de abril, por ejemplo, se cumplen 25 años del autogolpe perpetrado por el entonces presidente peruano Alberto Fujimori.

El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso con el argumento de que éste actuaba en contra de la Constitución. En un mensaje difundido ese día dijo que su objetivo era lograr una “sociedad próspera y democrática. La actual formalidad democrática es engañosa, falsa; sus instituciones sirven a menudo (a) los intereses de todos los grupos privilegiados”. Luego vino el totalitarismo.

Al año, Guatemala, que ya había padecido la dictadura de Efraín Ríos Montt, vivió algo similar cuando el entonces presidente, Jorge Serrano Elías, disolvió el Congreso mediante el decreto 1-93. Pero este fue declarado inconstitucional una semana después y Serrano huyó.

Gústenos o no, la división y el equilibrio de poderes son necesarios para un buen funcionamiento de la democracia, aunque a veces no lo parezca. Cuando una rama pasa por encima de las otras se abre la puerta al totalitarismo.

Lo dijo Montesquieu hace 258 años: “En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente”.