Amenazas cruzadas, discursos inflexibles y varios procesos judiciales abiertos sugieren que el Gobierno de la región del noreste de España adelantará a antes del verano el referendo secesionista que tenía previsto para septiembre y que el Gobierno central de Mariano Rajoy rechaza tajantemente por "ilegal", informó DPA.
"Puede ser antes, en torno al verano. Y como agosto no puede ser, ustedes mismos", señaló el expresidente del Gobierno regional Artur Mas. Algunos analistas especulan ahora con mayo:ñes el mes que exigió abiertamente la formación antisistema CUPñcomo condición para dar su necesario apoyo a los presupuestos de Cataluña.
La actual portavoz de la Generalitat, Neus Monté, contribuyó a los rumores argumentando que "se viven circunstancias muy excepcionales por la extrema judicialización de la vida política catalana". En efecto, tres procesos a políticos catalanes de alto rango marcan la actualidad política de la carrera independentista.
El propio Mas y su exportavoz Francesc Homs serán juzgados en dos procesos diferentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ante el Tribunal Supremo, respectivamente, por prevaricación y desobediencia. Los mismos cargos que afronta en un tercer proceso la actual presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
Los cargos presentados contra Mas -cuyo juicio comienza el lunes- y contra Homs se refieren a la consulta soberanista convocada por su Gobierno el 9 de noviembre de 2014 y considerada ilegal por la Justicia española. Cerca de dos millones de personas votaron entonces en un 80 por ciento a favor de una Cataluña independiente.
"Superaremos las amenazas", advirtió hoy el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, que volvió a prometer que la población de la región podrá pronunciarse sobre la independencia de España en un referendo "con todas la garantías jurídicas y democráticas" y acorde con los estándares internacionales.
El posible adelanto en Cataluña fue recibido con dureza por el Gobierno conservador de Rajoy. El propio mandatario y diversos políticos de su Partido Popular (PP) parecieron abandonar su estrategia de ofrecer diálogo a Barcelona e inaugurar otra con una consigna central: "El PP no dejará pasar ni una".
Fueron las palabras con las que el portavoz del partido, Pablo Casado, comentó las informaciones publicadas el fin de semana sobre una supuesta recolección ilegal de datos fiscales de los catalanes por parte del "Govern". Prácticas que el portavoz consideró propias de "regímenes totalitarios, xenófobos y excluyentes".
Rajoy, por su parte, insistió en que su Gobierno no permitirá jamás que una región de España celebre un referéndum que puede romper la integridad regional del país. "Francamente: la consulta no se va a celebrar porque no se puede", dijo el martes. "España es lo que digan todos los españoles y no sólo unos cuantos".
Un miembro del Ejecutivo central citado este miércoles por el diario El Mundo aseguró que "nunca es tarde para tomar medidas drásticas". El mensaje es deliberadamente ambiguo. Posterga, pero no descarta, la versión más extrema que podría adoptar el conflicto: que el Gobierno restrinja la autonomía de Cataluña.
La posibilidad de ese paso sin precedentes en la democracia española es aún remoto. Pero el tenso inicio de 2017 deja claro que las próximas semanas traerán novedades en la reivindicación secesionista de Cataluña, un reto que The New York Times consideró entre los principales que afronta Europa junto con la amenaza del terrorismo, la crisis de los refugiados o el avance de la extrema derecha.
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