“Era un concepto de relaciones públicas. No sé si en el mundo del lobby en otros países donde está admitido legalmente cómo funcionan las cosas, pero puede ser algo parecido a lo que hacíamos nosotros. Al final, en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio”, afirma Bárcenas a preguntas de la representante de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane.
La jefa de la Sección Penal de la Abogacía del Estado intentó que Bárcenas concretara quién participaba en esa trama. Bárcenas respondió que los ministros de Fomento y Medio Ambiente y sus secretarios de Estado desde 1996 a 2004 sin precisar nombres. Esos cargos fueron ocupados, en lo que respecta a Fomento por Rafael Arias-Salgado y Francisco Álvarez Cascos; y en la cartera de Medio Ambiente por Isabel Tocino, Jaume Matas y Elvira Rodríguez, actual vicesecretaria sectorial del PP de Casado.
Bárcenas describe cómo en una ocasión, Lapuerta conectó a uno de los empresarios con un director general de Carreteras para enfado de Álvarez Cascos, ministro de Fomento. “El ministro tiene una conversación un poco dura con Álvaro para recriminarle llamar a un director general y no a él y prohibirle que se dirigiese a ninguna persona que dependiese de él. De alguna forma le cerró la puerta para que pudiera dirigirse a cualquier membro de la administración por debajo de él”, afirmó Bárcenas. El extesorero del PP añadió después que en el caso de que los empresarios estuvieran interesados en comunidades autónomas del PP, Lapuerta les conectaba directamente con el presidente de la región.
Luis Bárcenas declaraba ante el juez que instruye la línea del cohecho de los empresarios dentro del caso de la caja B, Santiago Pedraz, por un escrito que presentó el pasado febrero y en el que, por primera vez, aludía a donaciones finalistas más allá de la que ya había denunciado en 2007 para la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal.
Sin embargo, ante el juez dijo que no podía precisar nada concreto de esas donaciones finalistas porque se trata de documentación que le fue sustraída durante la Operación Kitchen en el estudio de su mujer y que, según él, esconde el comisario imputado Andrés Gómez Gordo, actual jefe de la comisaría madrileña de Villa de Vallecas y antiguo asesor en Castilla-La Mancha de Cospedal.
Sobre esa documentación sustraída, Bárcenas dijo: “El concepto de los gastos eran electorales, de mailing, de imprenta, una serie de conceptos que en aquella época no estaban financiados por la ley electoral y que tenían un coste muy elevado y requerían nodos adicionales a los que se aportaban oficialmente en la campaña. Se hacían acciones específicas para conseguir que determinados donantes entregaran esos documentos. Lo que se contenía en esa documentación es quién dio el dinero, la cantidad y a qué se aplicó”.
El juez Pedraz debe decidir antes del jueves si enfila a juicio la pieza del cohecho de los empresarios, dentro del caso de la caja B, o archiva las actuaciones. El instructor decidió la semana pasada no prorrogar las pesquisas y lo hizo días después de la declaración de Bárcenas, en la que el extesorero describió toda una dinámica de actuación en la caja B pero no ofreció datos nuevos sobre las donaciones finalistas, esas a las que se dedica la pieza de Pedraz.
El juez acaba de recibir un informe del inspector jefe Morocho en el que éste constata sobrecostes en 18 de los 23 contratos analizados a la Constructora Hispánica, de Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios que aparece como donante del PP y que confesó sobornos y que trabajaba en unión temporal de empresas con otras sociedades también donantes de la caja B del partido. Ahora resta conocer si esos indicios son suficientes para que el juez dicte auto de pase a procedimiento abreviado.
Si (
No(
