Las autoridades venezolanas anunciaron ayer la suspensión durante un año de la importación de armas de fuego con fines comerciales, para "poner orden" en ese sector y como parte de las medidas del Gobierno ante las altas tasas de violencia.
El secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, Pablo Fernández, dijo en una entrevista con el canal VTV que la medida se aplica desde el día 29 de febrero.
Fernández agregó que esto permitirá, además, controlar el ámbito de la seguridad privada que, según dijo, "ha ido degenerando hacia un caos".
La suspensión de la importación está acompañada de otras medidas como "un proceso nacional de regularización de la tenencia de armas", que durará tres meses y servirá para registrar a quienes tienen "armas adquiridas legalmente pero sin papeles en regla". También se prevé un mecanismo de control de municiones que permita rastrear su procedencia.
Posteriormente, el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, confirmó en una rueda de prensa que, además, se suspenderá la comercialización de armamento y municiones.
"No solamente la importación sino que ninguna armería podrá comercializar con armas de fuego", dijo el ministro, y "ninguna persona está autorizada a comercializar las municiones".