VENEZUELA
Miércoles 22 de octubre de 2014
Los gobiernos de España y Venezuela acordaron en Caracas crear una comisión permanente para evaluar y resolver el centenar de casos de expropiaciones de fincas rurales e industriales a ciudadanos españoles por el Estado venezolano.
La comisión se reunirá cada quince días a partir del 13 de agosto, cuando lo hará en Caracas, para ir repasando ''caso a caso'' y tratar de agilizar su resolución, explicó el ministro de RR.EE. español, Miguel Angel Moratinos.
Alrededor de un centenar de casos -unas 80 fincas agrícolas y ganaderas y 25 urbanas e industriales- están sin solucionar, de los que la mayoría afectan a ciudadanos canarios y gallegos residentes en la parte oeste de Venezuela.
Ralentización de los pagos
La invasión y ocupación de tierras por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela comenzó a partir de 2002 con la entrada en vigor de una ley para recuperar los terrenos no explotados por sus dueños.
Unos 60 casos de españoles, algunos con la doble nacionalidad venezolana, se han resuelto ya con el pago de algún tipo de indemnización, mientras que los trámites de los que quedan pendientes se han ralentizado los últimos meses.
La creación del nuevo grupo de trabajo se firmará el miércoles, en la reunión entre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y Moratinos. La comisión la encabezarán un viceministro de Asuntos Exteriores venezolano y el embajador de España en Caracas, Dámaso de Lario. Este mecanismo de diálogo refuerza otro que ya existía desde 2007 entre el INTI y el Consulado español.
Expropiaciones constitucionales, problemas de burocracia
Moratinos, que se reuníó con una delegación de afectados para trasladarles esta información y el compromiso del Gobierno venezolano de ir desbloqueando la tramitación de los casos, reconoció que en los últimos meses se habían ralentizado los expedientes a pesar de que Chávez aseguró que los aceleraría cuando estuvo en España hace un año.
En la rueda de prensa, el ministro de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro defendió las expropiaciones y agregó que todas ellas han estado amparadas por la Constitución y las leyes vigentes.
Además, se mostró convencido de que esta comisión ayudará ''muchísimo'' a solucionar el contencioso, del que, en su opinión, ''a veces se especula con intencionalidad política de hacer daño a las relaciones y pintar una situación que no existe en nuestro país''. Maduro reconoció que la burocracia ha sido la causa de que algunos expedientes hayan quedado empantanados.
España ha facilitado asistencia legal a los afectados y la posibilidad de llegar a acuerdos amistosos que eviten que los casos desemboquen en los tribunales venezolanos.