La petroquímica venezolana será de control total del Estado
Miércoles 22 de octubre de 2014
La Asamblea Nacional aprobó el martes en segunda discusión una ley que le reserva al Estado el control de los bienes y servicios de las actividades petroquímicas, con lo que se amplía el dominio del gobierno sobre el sector energético.
El diputado Angel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, declaró que con la ley se "busca generar fuentes de empleo, mejorar la calidad de vida de la población, incrementar el valor agregado nacional que se le da a los hidrocarburos".
La ley también busca atraer socios privados "ya que se necesitan inversiones cuantiosas para impulsar el potencial de este sector", indicó el legislador en una declaración difundida por la emisora estatal YVKE Mundial.
En una primera etapa, que abarca hasta el 2013, se espera una inyección de capital por el orden de los 20.000 millones de dólares, destacó el congresista.
"Entre las facilidades que pueden darse están la exención de pagos de impuestos y tributos nacionales, exoneración de pagos aduaneros, incentivos fiscales municipales, asistencia crediticia, entre otros. Estas ventajas se darían por un tiempo limitado, previamente preestablecido", agregó Rodríguez.
La nueva regulación le garantiza al Estado el control de la actividad petroquímica bajo el esquema de empresas mixtas.
Si bien en la ley se permite a los inversionistas privados tener una participación accionaria de hasta 50%, "la Nación mantendrá el control de estas firmas" debido a que se incluyó que el gobierno venezolano tendrá el control de sus decisiones. Esta providencia legal garantizaría el nombramiento de la presidencia y de la alta gerencia.
"Así el Estado mantendrá un peso decisorio en el día a día operacional de estas compañías. Cabe acotar que actualmente estas empresas están abiertas 100% al capital privado y que Venezuela está aumentando su injerencia en el sector", acotó.
La Asamblea Nacional, integrada en su mayoría por aliados del gobierno, en la ley también declaró de "utilidad pública" las actividades carboquímicas y fosfoquímicas.
El instrumento legal, que entrará en vigencia luego de su publicación en la Gaceta Oficial, también contempla que las empresas que en la actualidad operan en el sector tendrán un plazo de 60 días, contados a partir de su vigencia, para formalizar su inscripción en el denominado Registro Nacional de Empresa Petroquímicas, que permitirá al Ministerio de Energía y Petróleo crear una base de datos con las actividades y proyectos que realiza cada empresa, con el propósito de "una mejor planificación para el desarrollo de la petroquímica en el país".