Todo es de origen político, aluden varios jueces, sobre el trascendido de que seis departamentos que tiene alquilados el Juez de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni, son utilizados por sus inquilinos, como prostíbulos.
Varios juristas y asociaciones del derecho apoyaron al juez, pidiendo discreción y haciendo notar que todo era un movimiento político en su contra. Piden que se espere hasta que el magistrado explique el caso. La gran trayectoria jurídica de Zaffaroni, tanto como sus aportes en el campo del derecho le dan el crédito suficiente para asegurar que el caso no lo afecta, ya que esto es una cuestión personal y no afecta a su actividad como juez.
Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional dijo que se debe tener cautela porque no hay detalles aclarados aún. Se debe esperar a que el juez de las explicaciones pertinentes sin sacar conclusiones anticipadas, aseguró Cabral.
En tanto Gregorio Badeni opinó: "Hay que ser prudentes en la emisión de juicios de valor, no solo porque el doctor forma parte de la cabeza de uno de los tres órganos del gobierno, sino también porque los hechos que se le imputan son significativamente menos graves que los actos de corrupción en que incurren algunos funcionarios del gobierno que no han merecido reproche judicial alguno".
Zaffaroni tiene el apoyo de muchas entidades como la Asociación de Profesores de Derecho Penal, que asegura que el juez tiene una gran reputación en defensa de los derechos humanos y contra cualquier forma de explotación humana y esto no empatiza con las acusaciones que están recayendo sobre él.
Javier de Luca, fiscal general, dijo que entendía que el juez tenía todos sus departamentos en manos de un administrador y que este era el responsable ante la justicia. También se solidarizó con el juez, el ex ministro de Justicia León Arslanian, brindándole su apoyo incondicional.
Hoy a las 18 hs. se realizó un acto en respaldo al juez, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Participaron del mismo la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Asociación Americana de Juristas, la Asociación de Abogados Laboralistas, el Observatorio de la Justicia Argentina y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
Esta última, a través de un comunicado dijo que repudiaban los ataques contra el juez ya que este era una figura intachable, luchador de la justicia y los derechos humanos, de una gran ética profesional y personal indiscutible, con trayectoria internacional", también remarcó que el magistrado fue uno de los impulsores de la propuesta de incluir en la Constitución porteña la no discriminación por orientación sexual.
El juez Eugenio Zaffaroni dijo que por su parte estaba todo aclarado y para que no queden dudas, mandará al Congreso la documentación necesaria para dar crédito a sus dichos y explicó que su apoderado, Ricardo Montivero, le dio la administración de sus quince propiedades a una inmobiliaria.
Aparentemente esta inmobiliaria no estaba habilitada y fue cerrada hace dos meses.
Según el magistrado, envió una carta documento a la inmobiliaria, pidiendo rendición de cuentas por los departamentos en cuestión y el desalojo de los mismos.
Dijo además que la inmobiliaria no estaba incurriendo en delito porque era solo un problema de naturalización del contrato de locación y que igualmente iba a iniciar una demanda civil. Desmintió que cobrara más de seis mil pesos por mes (poco más de mil euros) por departamentos de uno o dos ambientes, porque esos alquileres rondan entre los mil doscientos y mil seiscientos pesos.
Dicho esto acusó directamente a Jorge Fontevecchia de Editorial Perfil, de acoso periodístico y prensa amarilla.