Fuente: Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad, formado por Mugak
La Vanguardia, Toni Coromina
La ministra Trinidad Jiménez ha anunciado que, a raíz de la aprobación de la nueva Constitución de Marruecos, 570.000 ciudadanos marroquíes con más de cinco años de residencia legal (cerca de 200.000 en Catalunya) podrán votar en las elecciones municipales del 2015 en España, después de inscribirse en la oficina del censo electoral.
En este contexto, España y Marruecos están en condiciones de rubricar un convenio de reciprocidad, tal como ha pasado anteriormente con Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y otros países no comunitarios. La noticia, bien recibida por determinados sectores progresistas, también ha suscitado dudas y oposición entre la clase política. El principal reproche de los contrarios al voto de los marroquíes es la posibilidad de que entre los votantes haya muchos seguidores de líderes radicales fundamentalistas y adictos al salafismo, gente que pretende aprovecharse de la rendija democrática para consolidar la imposición de la charia y fomentar la discriminación de la mujer.
Pero ¿cómo se puede medir la ideología de 570.000 votantes? El argumento de hipotéticas mayorías salafistas, ¿es suficiente para no conceder un derecho democrático otorgado – según las leyes vigentes-a inmigrantes procedentes de otros países? ¿Qué diferencia hay entre un ecuatoriano y un marroquí empadronados en Catalunya, con cinco años de residencia, que cotizan en la Seguridad Social y pagan sus impuestos? ¿Hay que restringir el voto a los inmigrantes sudamericanos ante la posibilidad de su pertenencia a las bandas de los ñetas y los latin kings? ¿Debemos poner en cuarentena el voto de los rumanos ante la suposición de que entre este colectivo existen delincuentes camuflados, tal como proclama algún político xenófobo? Y los votantes con nacionalidad española, ¿están todos libres de sospecha? ¿Se debe prohibir el voto a los vascos por el temor a un hipotético apoyo a ETA?
Conozco a muchas familias marroquíes residentes en Vic, razonablemente adaptadas y con hijos perfectamente integrados en la escuela. Esta gente tendría que poder votar. Sin embargo, para no perpetuar marginaciones malsanas, también convendría que, a la hora de emitir el voto, se atuvieran al abanico de partidos democráticos ya existentes, sin fundar partidos específicos marroquíes.
Sería deseable que, además de votar, los magrebíes se interesaran abiertamente por el conocimiento de la lengua y la cultura autóctonas y no hicieran caso de proclamas fundamentalistas. Para erradicar el radicalismo intransigente y el terrorismo, la solución no es prohibir el voto a un ciudadano por su origen: la única forma de fustigar estas lacras es aplicar el código penal y la persecución policial de todos los delincuentes y terroristas, vengan de donde vengan. Y mucha pedagogía.