Miércoles 22 de octubre de 2014
BOGOTA -- La Fiscalía anunció el miércoles la captura de un teniente coronel en servicio activo, quien fue vinculado a las ejecuciones de cuatro hombres reportados como guerrilleros abatidos en combate el 2004.
El subdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Fernando Márquez, en diálogo telefónico informó que el alto oficial capturado figura en un grupo de militares también con órdenes de detención. Según informes, se trataría de al menos 12 implicados.
El teniente coronel fue identificado como José Gabriel Castrillón, ex comandante del Batallón Vélez de la XVII Brigada del ejército del municipio de Carepa, departamento de Antioquia , 450 kilómetros al norte de Bogotá.
Al momento de la captura, Castrillón laboraba en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, de Bogotá.
Márquez dijo que un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos ordenó la captura de Castrillón por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado.
Según la Fiscalía, los hechos investigados se remontan al 12 de febrero de 2004, cuando un grupo de militares dijo haber abatido a cuatro guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Unguía, departamento de Chocó, a 460 kilómetros al noroeste de Bogotá.
Pero la investigación estableció que los cuatro hombres no eran guerrilleros y que con promesas de trabajo fueron llevados a Unguía desde la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre y a 535 kilómetros al norte de Bogotá.
La Fiscalía no ofreció detalles de los otros vinculados a la investigación.
Entre el 30 de abril y el 1 de mayo pasados fue enviado a prisión otro grupo de militares, entre ellos dos oficiales con rango de teniente coronel, también por ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos".
La investigación en ambos casos tiene que ver con la desaparición y posterior asesinato de hombres de Soacha, una barriada al sur de Bogotá, que con engaños fueron llevados hasta una zona del noreste colombiano donde al parecer fueron asesinados por militares y luego presentados como rebeldes abatidos en combate.
La Fiscalía investiga las muertes de más de 1.600 personas quienes habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes de la fuerza pública.