07OCT26 – MADRID.- Hay problemas que no entienden de edades, de ideologías ni de colores políticos. El acceso a una vivienda digna es uno de ellos. Y reducirlo únicamente a la dificultad de los jóvenes para emanciparse significa mirar solo una parte de una realidad mucho más amplia.
Hoy hay jóvenes que no pueden independizarse, trabajadores que, aun teniendo empleo, no consiguen ahorrar para comprar una vivienda, familias que destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler y personas de mediana edad que, después de años de trabajo, continúan sin disponer de una vivienda en propiedad porque nunca tuvieron un salario estable que se lo permitiera.
Los datos hablan por sí solos. En el segundo trimestre de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 12% interanual en España y un 12, 9% en el caso de la vivienda de segunda mano. Mientras tanto, los ingresos de buena parte de los hogares no crecen al mismo ritmo.
Si una persona trabaja y su sueldo apenas le permite pagar el alquiler, la alimentación, la electricidad, el transporte y los gastos cotidianos, ¿cómo se pretende que ahorre para comprar una vivienda? Y si no puede ahorrar, difícilmente podrá reunir una entrada y afrontar las condiciones que exige una hipoteca.
Por eso hacen falta políticas de vivienda que miren a largo plazo. No basta con anunciar ayudas puntuales para comprar o alquilar. Hace falta aumentar de forma sustancial el parque de vivienda pública y protegida, mantener su protección durante generaciones y garantizar que una parte suficiente de las viviendas se destine a alquileres sociales o asequibles. En estos momentos se necesitan unas 700.000 viviendas.
España arrastra un déficit importante. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 reconoce que el parque público apenas alcanza unas 318.000 viviendas, aproximadamente el 1,7% de los hogares, mientras que el alquiler social representa alrededor del 3,5% del parque, frente a una media europea próxima al 9%.
También es necesario recordar que la vivienda protegida sufrió un desplome extraordinario después de la crisis inmobiliaria. En el año 2012 se tomaron medidas demasiado drásticas. Durante el mandato del Sr. Rajoy, el ministro de hacienda nos invitaba a apretarnos el cinturón al máximo, además de quitar derechos sobre la vivienda habitual; algo que contribuyó, en especial medida, a reducir el poder adquisitivo de todo trabajador. Las pensiones subían el 0,25% y los salarios también fueron perdiendo subidas proporcionales. La percepción de una ciudadanía a la que se le exigieron sacrificios, mientras aparecían relaciones cada vez más estrechas entre poder político, grandes empresas y determinados despachos privados. Hoy en día sigue la investigación, pero el ciudadano siente que el caso Montoro no avanza para nada, y se sigue esperando a que comience el juicio.