20SEP26 – ÁVILA.- Según la cuarta edición del Barómetro de Calidad de la Democracia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizada en junio de 2026, el 80,8% de la ciudadanía sigue prefiriendo la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, y sólo un 8,8% aceptaría un régimen autoritario en determinadas circunstancias. El sistema democrático como modelo goza de buena salud, aunque en la práctica los datos señalan otras cosas.
De las instituciones del sistema democrático que el CIS somete a valoración, únicamente las Fuerzas Armadas aprueban con un 6,96 sobre 10. Las demás instituciones suspenden: los gobiernos autonómicos obtienen un 4,76, los tribunales de justicia un 4,74, el Tribunal Constitucional un 4,34, el Gobierno central un 3,79, y los partidos políticos con un 2,92.
Sobre estos últimos, se da una aparente paradoja entre su esencialidad para el sistema democrático y la nota de valoración tan baja de 2,92 sobre 10, puesto que para el 75,9% de los españoles no podría haber democracia sin partidos políticos. Esta gran diferencia está directamente relacionada con que el 75,3% está “muy o bastante de acuerdo” con que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente.
Al suspenso generalizado de la mayoría de las instituciones, se suma la valoración que se hace del Estado de Derecho. Un 88,8% cree que la Justicia no trata igual a los políticos que al resto de la ciudadanía; un 76,9% piensa que no es imparcial cuando lo que está en juego afecta a los partidos; un 78,4% considera que tampoco trata igual a ricos y pobres; y un 87,5% entiende que España carece de mecanismos suficientes para combatir la corrupción.
Cualquier sistema democrático que se precie debe contar con una buena salud en sus medios de comunicación. Sobre esto también opinan los españoles. Un 88,9% afirma que los medios “favorecen unas opciones políticas y/o intereses económicos más que otros”; un 75,4% está “muy de acuerdo o de acuerdo” con que están concentrados en pocas manos; y un 81,5% considera que se hacen eco de bulos y mentiras.
Con todo, en cuanto al funcionamiento del sistema democrático, sólo un 20,5% se declara “muy o bastante satisfecho", mientras que un 56,9% dice sentirse “poco o nada satisfecho". Esta distancia entre la valoración teórica del 80,8% de la ciudadanía que sigue prefiriendo la democracia, y la satisfacción sobre su funcionamiento, es sobre la que conviene pararse a analizar para evitar simplificaciones.
En algunos ámbitos se manifiesta la incomprensión sobre la tendencia de crecimiento del voto a la extrema derecha entre los sectores sociales más precarizados y entre la clase trabajadora. Incluso se les califica de “fachapobres”, por no ser capaces de entender que, en unas circunstancias de crecimiento económico que están favoreciendo la mejora de las condiciones materiales de mucha gente, sigan votando a la derecha o a la extrema derecha, sin valorar los avances progresistas, y poniendo en riesgo al sistema democrático que es el que dota de derechos, libertades y mejores condiciones de vida.
La desconfianza institucional no se distribuye de forma clara según la renta, la situación laboral, el acceso a los servicios públicos o las posibilidades habitacionales. Hay sectores con condiciones objetivamente mejores que las que tenían hace unos años que, sin embargo, desconfían de las instituciones democráticas y hay sectores golpeados por la precariedad que no lo hacen.
Por tanto, la precariedad laboral, el coste de la vivienda, la brecha salarial, el deterioro de la sanidad y la educación públicas, son elementos de un diagnóstico necesario y acertado para tratar de entender el desencanto con el funcionamiento de la democracia, pero no debe ser el único, porque hay otras circunstancias que contribuyen al deterioro del sistema y a la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía.
El historiador y sociólogo francés Pierre Rosanvallon, en obras como “La Legitimidad Democrática” (2008) y “Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza" (2012), sostiene que la legitimidad de un sistema democrático no depende sólo de sus resultados distributivos, sino de tres condiciones distintas. En primer lugar, la imparcialidad de las instituciones, que no deben aparecer como espacios capturados por intereses particulares. En segundo lugar, la reflexividad, es decir, que el sistema sea capaz de reconocer y procesar la pluralidad real de la sociedad, no solo a una mayoría numérica. Y, en tercer lugar, la proximidad, esto es, que la ciudadanía sienta que el poder la escucha y la representa entre elección y elección, y no solo durante los días de campaña electoral previos a una votación.
Bajo este prisma, la corrupción, las puertas giratorias entre los gobiernos y los consejos de administración, la judicialización de la política o la sensación extendida de que "todos son iguales" y de que las instituciones están diseñadas para perpetuar a quienes ya mandan, erosionan la legitimidad del sistema democrático con independencia de cómo evolucione el salario mínimo interprofesional. Se puede mejorar la renta disponible de una familia y, al mismo tiempo, seguir desconfiando de unas instituciones que se perciben como opacas o cautivas.
La politóloga estadounidense Nancy Fraser, junto al filósofo alemán Axel Honneth, plantean en su ensayo “¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico” (2006) que no toda injusticia es económica. Existen daños de estatus como la falta de reconocimiento, la humillación simbólica, o la sensación de invisibilidad social, que no se resuelven sólo con la redistribución de la riqueza o la dotación de recursos, porque no nacen de la escasez sino de la jerarquía cultural y del desprecio.
Que no se aborde la necesidad de que partes de la sociedad se sientan reconocidas, escuchadas o tratadas con dignidad, deja un vacío que no compite con las condiciones económicas o materiales porque los sentimientos se sitúan en el terreno de lo emocional y lo simbólico. Si esto se descuida, ese vacío acaba siendo cubierto por narrativas identitarias que la extrema derecha vincula con la nación, el orden, la pertenencia, o la comunidad, frente a una supuesta amenaza exterior o interior. Desde los inmigrantes hasta el feminismo, o desde la Agenda 2030 hasta “los rojos”.
El filósofo marxista Antonio Gramsci (1891–1937) señaló que el poder no se sostiene sólo con la fuerza económica o coercitiva de quienes lo ejercen, sino con la capacidad de que una visión del mundo se convierta en "sentido común", es decir, en hegemónica. Es lo que se define como batalla cultural. Algo que no es una distracción respecto a la lucha material y de reparto de la riqueza, como a veces se plantea desde posiciones más clásicas, sino que es el terreno donde se decide qué diagnóstico material resulta creíble y qué relato sobre las causas del malestar se impone como sentido común.
Analizar lo que ocurre y por qué ocurre, cuáles son las causas de los desafectos de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y no reducirlo sólo a las condiciones materiales de vida individuales, es fundamental para, como dice la politóloga belga Chantal Mouffe, construir un relato que dé sentido de comunidad, que construya un sentimiento de pertenencia a “un nosotros” que permita entrar en conflicto legítimo con un adversario compartido.
De la misma forma que Marx definió la lucha de clases como el conflicto inevitable y permanente entre la clase que posee los medios de producción y la clase explotada que solo dispone de su fuerza de trabajo, Chantal Mouffe define una democracia pluralista saludable como aquella en la que se acepta la permanencia del conflicto, preserva la división clara entre alternativas de izquierda y derecha, y ofrece canales institucionales para que las pasiones colectivas se expresen de forma agonal, es decir, desde la confrontación dialéctica y el debate abierto.
La historia reciente y el momento actual.
No es la primera vez que en España se produce una profunda crisis de legitimidad del sistema democrático. El movimiento 15-M, en 2011, nació de la indignación material de miles de personas que percibían como insoportable los desahucios, el paro juvenil, o los rescates bancarios; pero se articuló sobre todo como una crisis de representación a partir de la famosa frase "no nos representan" que se gritaba en las plazas. No se trataba de un mensaje sobre los salarios, el paro creciente o la crisis de la vivienda, sino sobre la legitimidad institucional.
El ciclo político que siguió, con la irrupción y evolución de Podemos en el panorama político, mostró, en su primera fase, una apuesta explícita por construir un mensaje que combinaba diagnóstico material con relato identitario y disputa por el sentido común, no una u otra cosa por separado: “la casta" frente a "la gente".
En la actualidad, los escándalos de corrupción continúan, se percibe la acción de la Justicia como arma de confrontación partidista, la desconfianza no coincide con las fronteras de clase, sino que atraviesa generaciones y territorios de forma desigual, y un ecosistema mediático y algorítmico fragmenta la verdad compartida y amplifica el descrédito institucional. Todo ello forma parte de la crisis de legitimidad actual.
En este contexto, en el que un gobierno de progreso acumula avances mejorando salarios y aumentando derechos, se da la circunstancia de que la extrema derecha aumenta su representación institucional porque actúa capitalizando el descontento social y material para impulsar un modelo iliberal, erosionar la confianza en las instituciones democrática y canalizar la frustración ciudadana a través del populismo excluyente. Por contra, su estrategia no busca solucionar las deficiencias de la democracia representativa, sino instrumentalizar sus fallos para sustituirla o reformarla radicalmente desde dentro.
La extrema derecha aprovecha la incapacidad de los gobiernos para resolver la crisis de vivienda, la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo, presentándola como un fracaso del sistema democrático. Omiten cualquier tipo de análisis causal, como debería hacerse en términos democráticos porque, esencialmente, no quieren la democracia y optan por la acusación destructiva y los relatos simples.
Atribuyen la pérdida de soberanía económica y la vulnerabilidad de las clases medias a dinámicas transnacionales gestionadas por élites distantes, ofreciendo el retorno al Estado-nación soberano como única solución protectora. Utilizan las redes sociales y medios de comunicación afines para difundir bulos, amplificar percepciones de inseguridad, asociadas a la inmigración, y agitar teorías conspirativas que deslegitiman a los gobiernos. Crean una división tajante entre el "pueblo llano" y una supuesta "élite corrupta" (política, mediática y cultural) para desacreditar cualquier disidencia o crítica, a la vez que promueven visiones autoritarias de la sociedad basadas en el orden coercitivo, la homogeneidad identitaria y la restricción de los derechos civiles y sociales.
Para contrarrestar esta dinámica desilusionante que la propia extrema derecha se encarga de amplificar, la alternativa pasa por identificar que las mejoras de las condiciones de vida de la gente, desde el punto de vista material, no son suficientes. Una respuesta desde la izquierda a la altura de la crisis de legitimidad democrática actual necesita sostenerse sobre tres ejes a la vez.
Redistribución material real, sin ambigüedades, que afecte a la política de vivienda, a los salarios, a la garantía de una sanidad y educación públicas fuertes. Sin todo ello, lo demás corre el riesgo de desmoronarse, por lo que es imprescindible un relato de defensa firme de lo público y de los derechos constitucionales aún por desarrollar.
Democratización institucional y transparencia efectiva poniendo fin a las puertas giratorias, garantizando mecanismos que rompan el monopolio político y faciliten la fiscalización ciudadana sobre las autoridades, impulsando mecanismos de participación social más allá del voto cada cuatro años y democratizando las plataformas digitales. La libertad de expresión y de opinión no puede asentarse sobre el anonimato de las redes sociales. Cualquier publicación debe estar asociada a alguien identificable.
Disputa activa del sentido común construyendo un relato y una agenda propios que permita señalar a un adversario reconocible que dé sentido de comunidad ante dificultades individuales compartidas: los salarios son bajos no porque les den “paguitas” a los inmigrantes o suban mucho las pensiones, sino porque los empresarios (“la casta”) le está robando a la clase trabajadora (“la gente”).
La izquierda ha tenido más fuerza cuando ha combinado estos tres ejes y ha perdido terreno cada vez que ha reducido su respuesta a uno solo de ellos. Por mucho que los datos demuestran que la economía es favorable y que las condiciones de vida de la gente están mejorando, hay asuntos que continúan sin resolverse y no se está explicando por qué. Dar la batalla cultural y democratizar las instituciones es imprescindible para ganar terreno a la extrema derecha en su cruzada de odio y desmantelamiento del sistema democrático.
------
*José Alberto Novoa es Politólogo y Secretario General de CCOO de Ávila.