Dentro de ese núcleo duro hubo dos hombres que destacaron: Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Ambos fueron piezas esenciales en la construcción, funcionamiento y financiación del sistema político que impulsó Convergència i Unió, y ambos acabarían enfrentándose a la justicia en el caso Pretoria.
Cuando Pujol llega a la presidencia de la Generalitat en 1980, entiende que el poder político exige una estructura eficaz. Para ello confía en Prenafeta, que se convierte en secretario general de Presidencia durante diez años. Su papel es decisivo en la creación de la maquinaria institucional del pujolismo. Bajo su dirección se ponen en marcha Catalunya Ràdio y TV3, dos instrumentos clave para proyectar un relato propio y consolidar un discurso de país. Prenafeta actúa como organizador y arquitecto del nuevo entramado autonómico.
Macià Alavedra ocupa otro espacio igual de estratégico. Es varias veces conseller de Economía y Finanzas, responsable de las negociaciones económicas más sensibles y de engrasar el funcionamiento financiero del sistema. Su posición le permite mantener contacto con empresarios y operadores económicos. Es un puente entre la administración y el mundo empresarial. Su nombre aparece de forma recurrente en conversaciones privadas sobre adjudicaciones, comisiones y operaciones que nunca llegan a los tribunales durante aquellos años.
En 2005, durante un debate parlamentario, Pasqual Maragall pronuncia la frase que marcó un antes y un después: “Ustedes tienen un problema que se llama 3%”. Señalaba una sospecha extendida sobre el cobro sistemático de comisiones por parte de responsables convergentes. No pudo probarlo y retiró lo dicho, pero el mensaje ya estaba lanzado. El 3% se convirtió en un símbolo del coste de hacer negocios con la administración catalana y en la constatación pública de que existía un sistema paralelo de financiación.
Tras dejar sus cargos, Prenafeta y Alavedra continúan en el terreno de la intermediación entre políticos y empresarios. Sus actividades eran conocidas y comentadas. Prenafeta cobraba por sus gestiones sin demasiados rodeos. Alavedra prefería vías más discretas: algunos pagos se camuflaban mediante la compra de cuadros de su esposa, la pintora Doris Malfeito, a precios mucho más altos que los del mercado.
El escenario cambia en 2009 con el estallido del caso Pretoria. El juez Baltasar Garzón acusa a Prenafeta y Alavedra de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales relacionados con recalificaciones urbanísticas y adjudicaciones. La investigación revela una red que operaba desde los márgenes del poder, utilizando el poder acumulado durante décadas para influir en decisiones públicas. La caída de ambos es un golpe simbólico: por primera vez dos de los hombres más cercanos a Pujol se enfrentan a la justicia.
El proceso avanza con la lentitud habitual en los casos de corrupción. Finalmente, Prenafeta y Alavedra llegan a acuerdos con la Fiscalía y reconocen los delitos. En 2017 son condenados a penas menores: dos años para el primero y dos años y medio para el segundo, que quedan en suspensión. Doris Malfeito queda exonerada tras declarar que firmaba donde su marido le decía.
La sombra alcanza también al entorno familiar del expresidente. Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, era propietaria de una empresa de jardinería con la que contrataban empresas que prestaban sus servicios a la Generalitat.En 2014, Pujol reconoce la existencia de dinero en Andorra, que procedería de una herencia de su padre, pero no pudo demostrarlo documentalmente.
Once años después, el caso sigue abierto. La muerte de Marta Ferrusola y el deterioro cognitivo de Jordi Pujol, hoy de 95 años, complican el avance. Algunos delitos pueden haber prescrito, otros son difíciles de probar. El proceso corre el riesgo de terminar diluido por la erosión que produce el paso del tiempo.
A esta situación se suma un nuevo elemento. La defensa de la familia Pujol argumenta que gran parte de la investigación quedó contaminada por actuaciones de la llamada “policía patriótica” del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy que, según diversas resoluciones judiciales y testimonios, actuó al margen de la legalidad para perjudicar a adversarios políticos del PP. La defensa sostiene que este uso irregular de recursos del Estado contaminó pruebas, filtró información y forzó líneas de investigación con motivaciones políticas. Por eso reclama la nulidad del procedimiento. Es una línea jurídica que se apoya en hechos ya acreditados en otros casos y que podría abrir la puerta a la anulación parcial o total de lo actuado.
El caso Pujol muestra cómo un sistema político sólido, construido durante décadas, puede verse afectado por prácticas que operaban lejos del control institucional. Pero también revela cómo el uso indebido del aparato del Estado puede interferir en procesos judiciales delicados. El resultado final es incierto. La combinación de prescripción, complejidad probatoria, deterioro de los acusados y la posible nulidad por actuaciones policiales irregulares puede conducir a un desenlace limitado, similar al del caso Pretoria. El tiempo, una vez más, puede convertir un escándalo de enorme impacto en un cierre discreto.