Desde su llegada a La Moncloa en 2018, Sánchez ha sido objeto de una campaña de desprestigio que va más allá del debate político. Empezó con la acusación de plagio en su tesis doctoral. A pesar de que ningún tribunal encontró irregularidades y de que se cumplieron los procedimientos académicos, algunos medios insisten en mantener la acusación. El objetivo no es tanto aclarar un hecho como sembrar una sospecha moral. Una vez instalada, esa sospecha sobrevive, aunque no existan pruebas que la respalden.
El patrón se ha repetido . Se acusa al presidente de cambiar de opinión, de pactar con partidos a los que antes criticaba, de carecer de principios. Sin embargo, muchas de esas críticas no se centran en sus decisiones políticas, sino en lo que se interpreta como su carácter o sus intenciones. Se confunde así la valoración de la acción pública con un juicio moral privado.
Esa exigencia olvida algo esencial: la política no es un terreno de pureza moral, sino de acción y resultados. Como explicó Max Weber a comienzos del siglo XX, existen dos formas de entender la ética en política. Por un lado, la ética de la convicción, basada en principios inamovibles que se mantienen sin importar sus consecuencias. Por otro, la ética de la responsabilidad, que obliga a actuar en función de los efectos que se esperan de las decisiones. Weber advertía que el ejercicio del poder exige más responsabilidad que convicción.
En España, el debate público parece olvidar esa distinción. A menudo se exige a los políticos —y en especial a los de ideología progresista— que sean coherentes con una moral casi doméstica. Un caso extremo es la polémica por los negocios del fallecido suegro del presidente. Esta misma vara de medir no se aplica con igual rigor a otros líderes, aunque hayan tomado decisiones con consecuencias negativas para la ciudadanía.
Esa doble moral alimenta un clima político donde el adversario no es alguien con ideas distintas, sino alguien moralmente inferior. Se construye así un relato en el que cualquier negociación es una traición y cualquier cambio de estrategia, una falta de principios. En ese ambiente, el juicio político se diluye y lo sustituye un juicio moral permanente, más emocional que racional.
Este fenómeno no es nuevo. Ortega y Gasset ya alertaba del riesgo de confundir el juicio político con el juicio ético. En su ensayo El ocaso de las revoluciones, publicado en la Revista de Occidente, advertía que era mezquino evaluar a los políticos desde una ética privada. A su juicio, debían ser valorados por su capacidad de transformar la realidad, no por su fidelidad a ideales abstractos. Ortega identificaba las virtudes del político: inteligencia natural, coraje, serenidad, astucia, capacidad de negociación y resistencia ante la adversidad. Sus defectos, en cambio, eran la impulsividad, la vulgaridad o la falta de ideas. El político sin vida interior —decía— es transparente, alguien cuyo secreto más profundo es que no tiene secretos. Pero, aun así, el criterio para juzgarlo debe ser político: ¿logra mejorar la realidad? ¿gobierna con eficacia?
Esta reflexión hunde sus raíces en una larga tradición. Desde San Agustín, la moral guía la conducta del ciudadano. Pero en política, como plantearon Maquiavelo y más tarde Weber, opera otra lógica: lo importante no es la pureza moral del gobernante, sino su capacidad para tomar decisiones difíciles, asumir sus consecuencias y rendir cuentas por ellas. La política se mueve en un terreno donde el bien y el mal no siempre están nítidamente separados y donde los errores pueden surgir incluso de las mejores intenciones.
Pedro Sánchez parece entender bien esa diferencia. No en vano, su jefe de gabinete, Diego Rubio, es doctor por la Universidad de Oxford con una tesis titulada The Ethics of Deception, en la que analiza cómo el engaño fue clave en la construcción del Estado moderno. Rubio sostiene que el uso estratégico de la información, incluido el engaño, puede estar justificado en política si se orienta al bien público. No se trata de mentir por mentir, sino de actuar con responsabilidad en escenarios complejos donde la verdad absoluta puede no existir.
El problema surge cuando los medios de comunicación y parte del sistema político confunden esas lógicas. En vez de facilitar el juicio político, lo sustituyen por juicios morales. En vez de analizar políticas, se fijan en gestos. En vez de evaluar resultados, critican intenciones. Así, el debate público se vuelve emocional, fragmentado y superficial.
Esto no significa que todo valga en política. La integridad y la transparencia siguen siendo indispensables. Pero si convertimos la vida política en un juicio moral permanente, perdemos de vista lo esencial: qué se hace con el poder, a quién se ayuda y a quién se perjudica. La democracia necesita control sobre los gobernantes, pero desde criterios políticos, no desde una moral de sacristía. Hannah Arendt ya lo advirtió en su ensayo Truth and Politics, publicado en 1967 en The New Yorker: la verdad política no se destruye por el error, sino por la manipulación moral del debate.
Lo que se debe exigir a los políticos es eficacia, responsabilidad y rendición de cuentas. Si seguimos evaluando a los líderes por su moral privada en lugar de por su gestión pública, acabaremos convirtiendo la política en un espectáculo moral. Y entonces, lo que estará en juego no será la virtud de los gobernantes, sino la madurez democrática de la sociedad.