Mientras tanto, los populares aparecían pulcros y con el traje bien planchado. El relato parecía blindado: la corrupción es cosa del PSOE, y la decencia, patrimonio del PP. Pero Rufián no compraba esa mercancía.
Menos de un mes después, el tiempo le ha dado la razón. Tras siete años de investigaciones secretas, sale a la luz el expediente Montoro, que afecta a la élite del gobierno de Rajoy, lo más granado del equipo económico que pilotó la crisis, la austeridad, los recortes y las amnistías fiscales. El PP premium.
Los medios preguntaron de inmediato a los portavoces del Partido Popular: ¿Qué opinan del expediente Montoro? ¿Qué dicen ahora, cuando la sospecha apunta al núcleo duro de su propio partido? En vez de aplicar el manual básico de gestión de crisis —ese que recomienda no entrar al trapo y limitarse a repetir que ninguno de los implicados forma parte ya de la dirección actual del partido—, los portavoces Bravo y Bendodo no pudieron evitarlo. Y entraron.
Pero no entraron a defenderse, sino a comparar. Porque si algo no soportan en el PP es la posibilidad de que lo suyo huela igual de mal que lo del otro. Según ellos, lo suyo, si acaso, sería corrupción de guante blanco. Una corrupción seria, elegante, con corbata. . Premium, vamos.
Lo nuestro no tiene chicas ni prostíbulos, ni mordidas, vino a decir Bravo, sin darse cuenta de que esa frase, más que una defensa, era una confesión. Porque si la vara de medir la corrupción es la presencia o ausencia de chicas, estamos perdidos. Como si el problema de fondo no fuera el saqueo del dinero público, sino el mal gusto de cómo se gasta. Los portavoces del PP no niegan el delito: simplemente presumen de que los suyos lo cometen con clase.
Claro que en el PP no se manchan las manos. Para eso tienen cuando gobiernan, el BOE, los presupuestos, las fundaciones pantalla y, cuando hace falta, una amnistía fiscal por la puerta de atrás. No se trata de llevarse el dinero en una bolsa de deporte, sino que hay que legalizarlo antes de que nadie pregunte. Como con aquella amnistía de Montoro que regularizó millones de euros a cambio de una propina del 3% y que luego el Tribunal Constitucional tumbó por ser, literalmente, contraria a los principios más básicos del sistema fiscal.
El problema para el PP es que el expediente Montoro no es una anécdota ni un recuerdo del pasado. Es una radiografía incómoda de cómo funcionó el poder económico durante el gobierno de Rajoy, de cómo se protegió a determinadas empresas, se amenazó a otras y se filtraron datos fiscales de miembros destacados del propio PP que no eran de la cuerda de Montoro. El Estado somos nosotros.
La corrupción en el PSOE es más vulgar, como queda claro en las conversaciones entre Koldo y Ábalos. Pero al menos, cuando estallan los escándalos, ruedan cabezas .En el PP Fue el propio Montoro quien se dio de baja en el partido, lo que facilitó que Feijóo pudiera salir con una declaración que debería ser de cajón: Que se investigue lo que se tenga que investigar, pero que dicha en boca de quien se presenta como próximo presidente del gobierno de España suena más a permiso que a principio. Como si solo el dueño pudiera autorizar que el Estado funcione.
Y lo peor es que ya nadie respeta el principio constitucional de la presunción de inocencia. Ni siquiera entre compañeros de partido. Basta que la sospecha sea útil al adversario, interno o externo, para que se dé por buena.
La corrupción en el PSOE es cutre. En el PP está amparada en informes técnicos y dictámenes jurídicos. Una corrupción que no necesita esconderse en un maletín porque viaja en forma de decreto ley.
Este caso vuelve a demostrar que la corrupción en España no es patrimonio de ningún partido. Lo que cambia es el formato. En el PSOE algunos caen en la tentación de la comisión directa. En el PP, en cambio, otros se especializan en la ingeniería normativa para beneficiar a quien convenga. Unos se manchan las manos; otros se las lavan con agua bendita.