La jueza Afiuni cumplió el viernes un año detenida. Garantizarle a la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, la atención médica especializada necesaria y en caso de ella requerirlo permitirle que ser vista por los médicos de "su elección", exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano.
La demanda la formuló el tribunal con sede en San José (Costa Rica), atendiendo a la solicitud que le formulara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dictara medidas provisionales que permitieran asegurarle a la funcionaria sus derechos fundamentales a la vida e integridad física.
En su resolución, dictada fechada el día de ayer, pero difundida hoy, el juzgado continental también reclamó de las autoridades que trasladen a la jueza del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde permanece recluida desde principios de este año. La Corte, en su escrito, exigió al Estado que "adopte las medidas necesarias para que la señora Afiuni permanezca en un lugar de detención adecuado a sus circunstancias particulares, en atención a la función que ejercía como jueza penal, particularmente mediante el otorgamiento de plenas garantías a su seguridad y que no se vea afectada en su derecho de acceder a familiares y visitantes, a sus abogados y a los médicos que la vayan a examinar".
Desde el principio la defensa de la funcionaria cuestionó la decisión de enviarla a la cárcel de mujeres, por cuanto ella envió allí a muchas mujeres que condenó, por lo que su seguridad estaba en riesgo. En estos meses Afiuni ha denunciado varios intentos de agresiones y amenazas, así como impedimentos para recibir visitas y atención médica.