17SEP16 - MADRID.- Diecisiete organizaciones exigen al Estado español que, con motivo de las reuniones que se celebran estos días en Nueva York, asuma sus obligaciones internacionales y se comprometa públicamente a solicitar en sus negociaciones con otros países la protección de los derechos de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes
Un total de diecisiete organizaciones se han congregado hoy frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para exigir al Estado español que, como parte de la comunidad internacional, asuma y solicite en sus negociaciones con otros países el establecimiento demedidas urgentes e inmediatas para proteger y garantizar los derechos de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes en la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.
Las máximas autoridades de la comunidad internacional se darán cita los próximos días 19 y 20 de septiembre en Nueva York con motivo de las reuniones de Alto Nivel (Asamblea General de las Naciones Unidas y Cumbre Obama) para, por un lado, abordar los desplazamientos a gran escala de las personas refugiadas y migrantes y, por otro, asumir nuevos compromisos en materia de refugio.
Accem, Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, CEAR, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Entreculturas, FELGTB, Fundación Abogacía Española, Fundación Cepaim, InspirAction, Jesuitas Social, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Red Acoge, San Carlos Borromeo, Save the Children y Servicio Jesuita a Migrantes han denunciado hoy lapasividad de los líderes mundiales, algunos de los cuales han sido representados con caretas y traje, reunidos en torno a una mesa, y ante la presencia de un reloj y una pancarta con el lema ‘Líderes mundiales, su tiempo se acaba’. En este sentido, las organizaciones se han dirigido por carta al Gobierno español y al rey, que será quien finalmente represente a España ante Naciones Unidas. En ella, las organizaciones firmantes les piden que España se comprometa pública y proactivamente con la futura adopción de un acuerdo que garantice la responsabilidad compartida entre los Estados sobre las personas refugiadas y migrantes y les presentan una serie de medidas que es urgente poner en marcha.
Las organizaciones consideran queposponer a 2018 la aprobación de un pacto global sobre personas refugiadas -como finalmente acordaron los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 3 de agosto-es un enorme error que pone en juego la vida de miles de personas en todo el mundo y evidencia la incapacidad de la comunidad internacional y su falta de implicación política a la hora de resolver y prevenir situaciones de emergencia humanitaria y de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La responsabilidad del Gobierno español
Según ACNUR, más de 65 millones de personas en todo el mundo se encuentran desplazadas de sus lugares de origen debido a conflictos, persecución y violaciones de derechos humanos en sus países de origen. La ausencia de rutas legales y seguras está provocando un trágico incremento de muertes y desapariciones: según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de año, más4.320 personas perdieron la vida o desaparecieron durante el trayecto. De esa cifra,3.207murieron ahogadas en el Mediterráneo. Una tragedia que se podría haber evitado si la comunidad internacional y sus Estados hubieran adoptado las medidas necesarias.
En este sentido,el Gobierno español continúa incumpliendo sus acuerdos internacionales. Hasta la fecha, sólo han sido trasladadas a España480 personas, cifra que todavía queda muy lejos de las17.337 personas refugiadas que se comprometió a reubicar, desde Grecia e Italia, y a reasentar, desde países que no son miembros de la UE, hasta el año 2017.
Las organizaciones también denuncian los muros -visibles e invisibles (impedimentos legales, vallas, externalización de fronteras, violaciones de derechos humanos y discursos xenófobos)- con los que cada vez más a menudo se encuentran las personas refugiadas y migrantes en los países de acogida y que les impiden acceder a protección y a unas condiciones dignas de vida. Las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres solas y/o con personas a su cargo, las niñas y niños -especialmente los no acompañados-, las personas perseguidas por su orientación sexual y/o identidad de género, las víctimas de tortura o trauma y las personas enfermas o con algún tipo de diversidad funcional están quedando en una situación de total desprotección y abandono.
En la carta que las organizaciones han dirigido a las autoridades españolas, se les pide que, en sus negociaciones con otros Estados estos días en Nueva York, se comprometan públicamente a presentar como prioritarias las siguientes medidas: