02ABR-16.- El gobierno se comprometió en marzo de 2015 a crear una Comisión de la Verdad para investigar los delitos de los gobiernos militares. Desde 1964 a 1982 Bolivia vivió bajo dictaduras o gobiernos de facto, lo que dejó más de 20 mil exiliados y 150 desaparecidos.
En marzo de 2015, el gobierno de Evo Morales anunció que crearía una Comisión de la Verdad para investigar los delitos ocurridos durante los gobiernos militares. La decisión fue tomada luego de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde la Ministra de Justicia, Virginia Velasco, manifestó la disposición del “Estado Plurinacional a continuar con las labores de esclarecimiento y reparación de los hechos, a favor de las víctimas de violencia política”.
Según el diario boliviano El Deber, la Procuraduría General del Estado revisaría la legislación y experiencia de países de la región para reponer un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado en 2013. “Se conformará una comisión interinstitucional (...) con el objetivo de enriquecer el proyecto de ley para que sea considerado”, dijo en ese entonces el Subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Pablo Menacho.
Durante la audiencia frente al CIDH, varias organizaciones nacionales e internacionales denunciaron que los avances del Estado para esclarecer las violaciones de los derechos humanos de Bolivia eran “insuficientes”. Y, a poco más de un año de la cita en Estados Unidos, los reclamos por justicia y poca voluntad del gobierno para crear la Comisión de Verdad, persisten.
“A un año de la denuncia en Washington, no hay una Comisión de la Verdad. A mi modo de ver, no hay ninguna perspectiva de que se cree una. No hay un trámite legislativo”, dice a La Tercera Juliana Bravo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y quien ha llevado casos sobre violaciones de derechos humanos en Bolivia (ver entrevista).
Bolivia vivió 18 años bajo gobiernos militares o de facto: desde 1964 a 1982. Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981) son algunos de los regímenes más cuestionados. No obstante, a más de 30 años del retorno a la democracia, las víctimas y sus familiares siguen exigiendo justicia. Según ellos, a diferencia de Chile o Argentina donde se iniciaron acciones legales contra los involucrados, desde el Palacio Quemado no ha habido una iniciativa clara hasta el momento.
De acuerdo a los registros de Amnistía Internacional, más de 200 personas habrían sido asesinadas en esos años, 5.000 habrían sido detenidas de forma arbitraria y 20 mil habrían sido exiliadas o deportadas. Además, 150 corresponden a detenidos desaparecidos, entre ellos 40 bolivianos que desaparecieron en Argentina como parte de la Operación Cóndor.
En 1984 el Presidente Hernán Siles Zuazo ordenó la creación de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, pero la falta de recursos impidió que el trabajo prosperara.
En 2004, se creó la Ley de Resarcimiento a víctimas de la violencia política en gobiernos inconstitucionales, la que obligaba al Estado a pagar indemnizaciones a las víctimas en términos de salud, apoyo psicológico y reparación monetaria. Pero muchos han denunciado que excluye a varios grupos -como trabajadores del sector público- y que exige requisitos difíciles de cumplir, como demostrar por testimonios que se fue víctima. Es por eso que desde hace cuatro años que un grupo de sobrevivientes acampa frente al edificio del Ministerio de Justicia, demandando el pago y el acceso a documentos militares de los años de dictadura.
Como caso excepcional, en 1993, la Corte Suprema condenó al ex dictador Luis García Meza y a varios de sus ministros, por delitos que iban desde la apropiación indebida de fondos hasta el asesinato masivo. Los acusados recibieron penas de hasta 30 años.