01DIC-15.- Como consecuencia de las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid ha abierto expediente sancionador a Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. El pasado mayo, la compañía aplicó un incremento de 5 euros mensuales a sus cerca de 4 millones de clientes pese a que lanzó al mercado estas tarifas en 2012 con el compromiso publicitario de matenerlas "para siempre".
FACUA valora positivamente que por fin una autoridad de protección al consumidor haya iniciado actuaciones sancionadoras contra Telefónica de España por este fraude masivo, aunque lamenta que haya tardado siete meses en hacerlo. En el "comunicado de acuerdo de iniciación" remitido a la asociación se indica que "practicadas las diligencias oportunas", se comunica la "incoación del expediente sancionador" e informa que "dichas actuaciones sancionadoras tienen como objeto la tutela de los intereses generales de los consumidores".
Ante la habitual pasividad de las administraciones, FACUA se vió obligada a judicializar el caso e interpuso una demanda que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid. Un auto publicado el pasado 13 de noviembre llama a los cerca de 4 millones de afectados a sumarse a la causa en el plazo de un mes.
Casi 10.000 usuarios piden unirse a la demanda
Casi 10.000 usuarios se han unido ya a la plataforma creada por FACUA para personarse en la demanda por la subida de Movistar Fusión al objeto de reclamar la devolución del dinero cobrado de más. Lo están haciendo a través de la web FACUA.org/demandaMovistarFusion.
La asociación ha puesto sus recursos al servicio de los perjudicados para que puedan sumarse a la demanda sin abonar ninguna cantidad bajo la dirección jurídica de su equipo de abogados. Así, FACUA asumirá los costes de la demanda colectiva y de la identificación en el procedimiento de los perjudicados por la subida que acudan a través de su plataforma de afectados.
Movistar ha llegado a amenazar a FACUA con una querella si seguía mencionando su nombre públicamente y no eliminaba cualquier alusión al mismo en su web y las redes sociales, en un desesperado y grotesco intento de evitar que diese difusión a la demanda. El procurador general de Telefónica de España requirió a la asociación a que cese en "la utilización de nombres, marcas, signos y logotipos, o cualquier otro distintivo o identificación, titularidad de las empresas del Grupo Telefónica España".
El equipo jurídico de FACUA contestó a la compañía que el derecho de marca y el de propiedad intelectual "no son derechos ilimitados y hay que valorar cada supuesto atendiendo a los intereses en juego y merecedores de protección" como es, en este caso, "la defensa de los derechos de los consumidores". "El derecho fundamental a la información debe prevalecer sobre su intento de censura", añade la asociación en su respuesta.
Los consumidores que se hayan quedado en la compañía podrán reclamar la devolución de los 5 euros mensuales en los que se ha visto incrementada su tarifa. Asimismo, FACUA indica que quienes tuvieran contratos de permanencia y se diesen de baja, podrán reclamar en los tribunales que el operador les abone los hasta 190 euros establecidos como penalización si se incumplen sus condiciones, que en aplicación del principio de reciprocidad vinculan tanto a los usuarios como a la empresa.
