El ex mayor del Ejército peruano Santiago Martin Rivas
Miércoles 22 de octubre de 2014
Lima.- El ex mayor del Ejército peruano Santiago Martín Rivas, quien fue jefe operativo del grupo militar encubierto Colina, pidió acogerse al decreto 1097 para que se ordene el sobreseimiento del proceso que se le sigue por la matanza de La Cantuta, de 1992, informaron hoy organizaciones de derechos humanos.
Según la información, el pedido fue formulado el pasado 6 de septiembre por Martín Rivas y Rogelio Carbajal García, otro miembro de Colina, el grupo creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para luchar contra el terrorismo durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
Así lo informó a Efe la representante legal de la Asociación Pro derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, quien recordó que Martín Rivas también pidió ese mismo día, junto a una veintena de ex militares, acogerse al decreto 1097 para que se sobresee el juicio por la matanza de Barrios Altos, de 1991.
El decreto 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos podrán ser archivados si en un periodo de 36 meses, desde que se inicia la etapa de instrucción, no se dicta sentencia y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
Al respecto, Cano manifestó que el proceso de La Cantuta "está en la etapa de instrucción" y que el próximo lunes presentará la oposición a los pedidos de los acusados, tras insistir en "el derecho a la verdad y la justicia de los agraviados" por esta matanza.
Precisamente el ex presidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por la matanza de 25 personas, entre ellas un niño, en Barrios Altos y La Cantuta, y por los secuestros de un empresario y un periodista tras el "autogolpe" de Estado de 1992.
El polémico decreto ha sido criticado duramente por el relator especial de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, quien expresó el miércoles pasado en Lima que puede crear "un clima de impunidad".
A las críticas se han unido organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch, mientras que el opositor Partido Nacionalista Peruano (PNP) presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto.
Aunque el presidente peruano, Alan García, ha negado que con esta ley se vaya a beneficiar a violadores de derechos humanos, el ministro de Defensa, Rafael Rey, admitió hoy que consultó sobre el decreto a César Nakasaki, el abogado de Fujimori.
Rey también se reunió con Sergio Tapia, el defensor del vicepresidente de la República, Luis Giampietri, involucrado en la matanza de presos en El Frontón cometida durante el primer Gobierno de Alan García (1985-1990) por efectivos de la Marina de Guerra.
El ministro aseguró, sin embargo, que la evaluación del relator de la ONU sobre la existencia de ciertas tendencias a la impunidad en el país "no es una referencia" que vaya a tomar en cuenta.
Sobre esta revelación, la abogada de Aprodeh subrayó que la consulta a estos juristas "no es ética", porque "un abogado que defiende a violadores a los derechos humanos no podría estar asesorando al Poder Ejecutivo para favorecer judicial o procesalmente a sus defendidos