Durante el 6, 7 y 8 de noviembre se ha celebrado en la Universidad Católica de Ávila el “II Congreso de Economía y Libertad: ¿Sostenibilidad del sistema público de pensiones?”. En ella han participado más de una veintena de expertos (empresarios, representantes sindicales, académicos, funcionarios de alto nivel, consultores, etc.) para debatir sobre el futuro de nuestras pensiones.
El debate ha sido animado y en él han participado personas de todo el espectro ideológico. Los organizadores del Congreso consideramos que pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1) Las tendencias demográficas registradas en las últimas décadas ponen en peligro la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esto es así porque nuestro actual sistema de pensiones se creó en un contexto demográfico completamente diferente en el que a) el número de cotizantes y sus descendientes tenía un crecimiento sostenido y b) el número de pensionistas era pequeño y, además, su esperanza de vida tras la jubilación era reducida. Con lo cual, en ese contexto, la sostenibilidad del sistema estaba clara.
Sin embargo, esta no es la situación actual, donde tenemos un número creciente de jubilados con una esperanza de vida también creciente y un número de trabajadores estacado o, incluso, en decrecimiento a medio plazo. Así, durante el Congreso, varios expertos han señalado que actualmente tenemos un sistema de pensiones diseñado con unos parámetros demográficos del siglo pasado y, por tanto, los supuestos sobre los que se asientan no se corresponden con la realidad demográfica española.
2) Siguiendo en punto anterior, prácticamente todos los expertos han coincidido en que nuestro actual sistema de pensiones necesita de importantes reformas. Las propuestas son variadas y pueden sintetizarse en dos grandes grupos: a) mejorar la relación presente y futura entre cotizantes y pensionistas para garantizar la sostenibilidad del sistemas públicos de pensiones; b) buscar fuentes privadas adicionales de financiación.
En relación al primer punto, los expertos han recomendado todo tipo de medidas: fomento de la natalidad, retraso de la edad de jubilación (efectiva y legal), fomentar una economía del conocimiento en la que puedan producirse fuertes aumentos en la productividad del trabajo, cálculo de la pensión en función a la contribución del individuo durante toda su vida laboral, aumento de las contribuciones de los trabajadores, mejora en la gestión de los recursos públicos, aumento de la tasa de actividad laboral, entre otras. Para los expertos es evidente que es una imposibilidad compatibilizar el retraso de la edad de acceso al mercado laboral, el pago de impuestos reducidos, jubilación a una edad temprana y, además, pretender garantizar unas pensiones elevadas a una población creciente y con una esperanza de vida también creciente. Así, para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas es preciso tener en cuenta que hay que cumplir la ecuación financiera que hay detrás de las mismas.
En relación al segundo punto, la mayoría de los ponentes han considerado que es importante que las familias españolas abran un plan de pensiones privado que capitalice los ahorros que van generando durante su vida laboral. Algunos de los expertos han considerado que estos sistema de previsión privada deben ser un complemento a los sistemas públicos y otros han defendido la necesidad de realizar una transición hacia un sistema de capitalización privada bajo el argumento que ésta es la única solución realmente sostenible. En todo caso, como se ha dicho, todos los expertos han reivindicado la importancia del ahorro privado frente a los retos que nos esperan.
3) La mayoría de los expertos han señalado, además, que los sistemas de pensiones basados en la capitalización tampoco son independientes de la demografía.
En concreto, en un contexto donde la población decrece, el PIB previsiblemente también lo hará, lo que provocará caídas en el rendimiento de las empresas y, por tanto, en la rentabilidad de los diferentes fondos de pensiones. También, en un contexto de reducción de la población activa y de mantenimiento de la población demandante de bienes y servicios es de esperar que los salarios aumenten de manera considerable y, por tanto, el poder adquisitivo de los diferentes planes de pensiones se reduzca. Algunos expertos han señalado que, siendo esto cierto, el ahorro y consiguiente inversión que generan los sistemas de capitalización a nivel macroeconómico crean incentivos que podría contrarrestar esta tendencia: incentivos a la mecanización del empleo para aumentar la productividad; mejora del capital humano para aumentar la productividad; inmigración que se siente atraída por los altos salarios para contrarrestar el decrecimiento poblacional; también se pueden invertir los fondos ahorrados en países con poblaciones en crecimiento como la India o los países latinoamericanos para esquivar el problema; y, finalmente, en una sociedad sin pensiones públicas existe un incentivo a tener más descendientes como forma de asegurarse una jubilación bajo la expectativa de que los hijos cuidarán a sus padres.
Asimismo, otro reto demográfico al que se enfrentan las pensiones privadas es el incremento en la esperanza de vida de sus clientes, ya que el ahorro acumulado por ellos podría llegar a ser insuficiente. La clave para afrontar este reto es que los beneficiarios de los planes de pensiones privados ahorren los suficientes recursos para consumir solamente las rentas que generen esos ahorros, pero el capital amasado por ellos.
4) La mayoría de los expertos ha coincidido en que los riesgos del sistema se resolverían si aumentara la natalidad significativamente. En este sentido algunos de los expertos han propuesto que el Estado ofrezca desgravaciones fiscales más generosas en el IRPF en concepto de los hijos, que se apueste por políticas más centradas en la familia e, incluso, que la pensión percibida también dependa del número de hijos.
Así, el hundimiento de la natalidad y el consecuente problema de financiación de las pensiones tienen mucho que ver con la crisis de la familia tradicional de la que somos testigos desde hace ya varias décadas.
5) Muchos de los expertos han señalado que no se puede desvincular el problema de la financiación de las pensiones con la provisión de los servicios de sanidad. Esto es así porque, en buena medida, el coste en sanidad y en pensiones va de la mano, porque la mayoría de usuarios de los servicios sanitarios son las personas mayores. Por ello, el reto de la financiación de las pensiones también implica un reto a la hora de financiar la sanidad. Así, es necesario mejorar la competitividad y eficiencia de nuestro sector sanitario y, también, fomentar el ahorro privado para hacer frente también a estos costes.
En esta línea, muchos de los expertos han coincidido que es necesario que los españoles seamos conscientes del coste real de los servicios públicos y no considerar que existe tal cosa como una sanidad, educación o infraestructuras gratuitas.