Familiares de detenidos desaparecidos portan carteles con la imagen de sus deudos
Miércoles 22 de octubre de 2014
Amnistía Internacional criticó la "falta de coraje" en derechos humanos de los sucesivos gobiernos chilenos desde 1990 y recomendó al actual Ejecutivo un plan de acción que incluya la creación de la figura del defensor del pueblo.
Además, la entidad humanitaria aseguró que de las sesenta recomendaciones propuestas hace cinco años en la "Agenda de Derechos humanos para el Bicentenario", que se celebra este año, apenas se han llevado a cabo un 10 ó un 15 por ciento.
Ese periodo coincide casi en su totalidad con el mandato de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010), que encabezó el cuarto gobierno de la Concertación de centroizquierda tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El director ejecutivo de AI Chile, Sergio Laurenti, hizo este balance durante un encuentro con periodistas antes de la difusión en Londres del informe sobre el estado de derechos humanos en el mundo.
"En veinte años de gobiernos de la Concertación hemos visto avances, pero también numerosos estorbos", dijo Laurenti, quien consideró que "faltó coraje político y un mapa de ruta en materia de derechos humanos".
En este sentido, AI reclama la instauración de un plan de acción nacional y de un defensor del pueblo, ya que es el único país de Sudamérica que no cuenta con esta figura, cuya función recae en la actualidad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Congreso.
La tercera exigencia es la presencia de una institucionalidad consolidada, dado que AI estima que el Instituto de Derechos Humanos, cuya creación fue aprobada en 2009, carece de autonomía, de un presupuesto asignado y de poder para actuar judicialmente.
Estas recomendaciones se suman a las observaciones que AI hace de los dos meses y medio en el poder del conservador Sebastián Piñera, quien ha tenido que hacer frente a las consecuencias del terremoto de 8,8 grados Richter que el 27 de febrero sacudió el centro y sur del país.
"La respuesta del Gobierno ha sido la adecuada para la emergencia humanitaria", aseguró Laurenti, quien insistió en que el reto es mantener esa ayuda a largo plazo sin olvidar además los asuntos que quedan por resolver en materia de derechos humanos.
Entre las preocupaciones de AI figuran el avance en los procesos judiciales sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, por las que existen 3.700 causas abiertas y 170 represores condenados.
Laurenti también señaló que el pasado 21 de mayo Piñera no se refirió en su primera rendición de cuentas ante el Congreso a las minorías sexuales, a los inmigrantes y a los indígenas, lo que a su juicio "muestra la ausencia de un plan" al respecto.
"La cuenta anual tiene muy poco contenido en materia de derechos humanos, y ese poco contenido está condicionado al hecho de que la gente pueda pagarlos", señaló el responsable de AI, quien observó "señales preocupantes en materia de salud y educación".
"El Estado no se puede retirar de la protección de esos derechos que son básicos. En Chile, uno no tiene una educación universitaria y una salud de calidad si no puede pagarla", subrayó.