Santos Ramírez, auge y caída de un poderoso
Miércoles 22 de octubre de 2014
LA PAZ.- La detención del ex presidente de la estatal petrolera YPFB y poderoso dirigente gubernamental, Santos Ramírez por un caso de soborno fue considerado por el gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, como un ejemplo de su lucha contra la corrupción, mientras la oposición sospecha que hay más involucrados.
Santos Ramírez, estrecho colaborador político del presidente Evo Morales, y número dos en la estructura del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), fue detenido ayer de manera preventiva por la Fiscalía, en la investigación sobre la presunta coima de una firma petrolera boliviano-argentina.
El presunto soborno de $450.000 de la compañía petrolera Catler Uniservice habría salido de pagos anticipados de la estatal petrolera YPFB por la construcción de una planta separadora de líquidos de gas, al este del país, por un valor de $86 millones, de acuerdo a las indagaciones fiscales.
A pesar de que el oficialismo ha hecho alarde de la detención del ex presidente de la estatal petrolera boliviana, la oposición consideró que aún es insuficiente para aclarar todo el escándalo de corrupción en esta empresa, barco insignia del gobierno de todo el proceso de estatizaciones.
''Hay que agregar a otros sospechosos en este caso'', afirmó el senador de la agrupación derechista Podemos, Wálter Guiteras, presidente de una comisión legislativa que investiga el caso.
Para el parlamentario opositor, “hay un mismo libreto en las autoridades del gobierno para explicar el contrato (YPFB-Catler Uniservice), de hablar de generalidades y no entrar en detalles ... hay una obstaculización''.
El escándalo que removió las fibras íntimas del oficialismo saltó a luz pública hace dos semanas, cuando el empresario Jorge O'Connor, gerente de la compañía Catler Uniservice, subsidiaria de la argentina Catler International, fue asesinado en vía pública por delincuentes comunes.
En el incidente los forajidos, que luego fueron detenidos, le arrebataron los $450.000 que portaba en efectivo en un maletín que debió ser entregado, presuntamente, a dos cuñados de Santos Ramírez.
El ex presidente de YPFB negó los hechos e incluso decidió divorciarse de su esposa, Jiovanna Navía, una diputada del MAS, para desligarse de cualquier relación con dos de sus cuñados, presuntos receptores directos del soborno.