José Alfredo Martínez de Hoz, tiene 84 años de edad
Miércoles 22 de octubre de 2014
La Fiscalía argentina rechazó este jueves la excarcelación de José Alfredo Martínez de Hoz, quien fuera ministro de Economía de la dictadura (1976-1983), pero le concedió el beneficio de arresto domiciliario, informaron fuentes judiciales.
El fiscal consideró que el arresto domiciliario debe ser otorgado a José Alfredo Martínez de Hoz, quien fuera ministro de Economía de la dictadura (1976-1983), "en virtud de la edad (84 años) y su estado de salud".
En un dictamen que entregó al juez federal Norberto Oyarbide, quien tendrá la decisión final, el fiscal Federico Delgado consideró que el arresto domiciliario debe ser otorgado "en virtud de la edad (84 años) y el estado de salud" de Martínez de Hoz.
El ex funcionario fue detenido el pasado martes en una causa que investiga el secuestro con extorsión de dos empresarios en los denominados "años de plomo".
Pero en vez de ser conducido a una cárcel común, Oyarbide autorizó derivar a Martínez de Hoz a un sanatorio de Buenos Aires por su "complicado estado de salud", según dijeron fuentes judiciales.
Delgado aludió en su resolución de hoy a un informe médico que indica que el detenido "tiene grandes dificultades para moverse por sí mismo debido a afecciones traumatológicas" y además padece una enfermedad que le impide caminar.
Al entender entonces que "no hay peligro" de fuga, el fiscal recomendó que se le conceda el arresto domiciliario, beneficio que las leyes argentinas otorgan a los mayores de 70 años.
El juez Oyarbide ordenó la detención una semana después de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales los indultos concedidos en 1990 a Martínez de Hoz y al dictador Jorge Videla, el primero de los cuatro presidentes de la dictadura.
El Gobierno argentino, que después de la resolución del alto tribunal había pedido la detención de Martínez de Hoz, valoró la celeridad y la resolución de Oyarbide.
La resolución de la Corte confirmó decisiones judiciales anteriores y fue dictada en la causa que investiga el secuestro de Federico y Miguel Gutheim, propietarios de una compañía algodonera.
Ambos empresarios estuvieron presos cinco meses entre 1976 y 1977 como medida de presión para que aceptaran un contrato de exportación beneficioso para el Gobierno de facto.