Daniel Ortega, presidente de Nicaragua
NICARAGUA
Miércoles 22 de octubre de 2014
MANAGUA.- Dos políticos opositores denunciaron el martes al presidente Daniel Ortega como uno de los responsables de los ataques perpetrados la semana pasada por turbas aparentemente de partidarios de su gobierno contra los miembros de la oposición.
La denuncia fue presentada por el concejal liberal Luciano García y el diputado liberal suplente Francisco Valdivia
La denuncia fue presentada por el concejal liberal Luciano García y el diputado liberal suplente Francisco Valdivia, a quienes los presuntos simpatizantes sandinistas les incendiaron sus automóviles en incidentes donde un hotel capitalino fue atacado a pedradas y petardos caseros igual que el edificio de la Asamblea Nacional en varias jornadas de violencia callejera.
Los dos políticos acusaron a Ortega de ser autor intelectual de los disturbios e incluyen en su denuncia al ex alcalde de la ciudad de Masaya, Orlando Noguera; al secretario del FSLN en esa ciudad, Ulises Morales, y a los periodistas de medios oficialistas, Nelson Hurtado y Jairo Cajina.
La denuncia fue presentada ante la fiscal María del Carmen Solórzano y tipifica los delitos de homicidio frustrado, exposición de personas al peligro, secuestro extorsivo, amenazas, daños agravados, incendio, asociación para delinquir, terrorismo, crimen organizado, motín, obstrucción de funciones, agresiones contra las personas y agresiones multitudinarias, entre otros.
Los denunciantes le entregaron a la fiscal videos sobre los acontecimientos. La fiscal debe remitir el caso a la Policía.
Por su parte, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el martes su preocupación por los hechos violentos que se registraron la semana pasada en Nicaragua y por su impacto en los derechos humanos y la democracia en ese país centroamericano.
Según reportes de la agencia EFE, la CIDH instó en un comunicado a las autoridades nicaragüenses a garantizar el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, y advirtió al gobierno de Daniel Ortega de que seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos.
La Comisión recordó al Estado nicaragüense que tiene el deber de mantener el orden público, pero dentro del marco de los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos.
Los Estados, prosiguió, deben asegurar medidas administrativas de control que garanticen que el uso de la fuerza en manifestaciones públicas será excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias, conforme a los principios internacionalmente fijados.