Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia
Miércoles 22 de octubre de 2014
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, definió hoy como 'ley guillotina' la nueva norma contra la corrupción promulgada por el mandatario Evo Morales que persigue, según dijo, mandar a la cárcel a cualquier funcionario que robe un 'centavo' del Estado.
García Linera se expresó en esos términos durante el discurso que pronunció en la promulgación de la 'Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas', aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa gracias a la mayoría del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
'A partir de ahora queda en manos del Ejecutivo la aplicación de esta ley patriótica porque defiende la base material de la patria. De esta ley guillotina (...) que conduce a la cárcel a cualquier funcionario público que se atreva a tocar un solo centavo', dijo el vicepresidente.
García Linera también manifestó que esta 'ley de dignidad' limpiará la administración del Estado de funcionarios que no tengan compromiso de servicio con el país.
Al promulgar la ley, el presidente Morales defendió la norma como un hecho histórico en Bolivia, donde, según dijo, 'se roban' cada año entre 200 y 300 millones de dólares por corrupción.
La norma fue presentada por el Gobierno de Morales al Congreso en el año 2006, pero quedó estancada durante casi cuatro años debido al rechazo de la oposición que controlaba el Senado.
En la actualidad, el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), domina las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, lo que hizo posible la aprobación sin problemas de la normativa.
La ley ha provocado las críticas y la preocupación de los opositores bolivianos porque temen sufrir 'persecución política', ya que será aplicada de forma retroactiva para investigar gestiones de anteriores Gobiernos.
La norma se aplicará para autoridades y ex autoridades del Estado boliviano sospechosas de corrupción, para las que no se reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno ante este tipo de delitos.
Tal y como establece la nueva Constitución del país, esta ley declara imprescriptibles los delitos 'que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico'.