Madrid

Los billetes de avión deben llevar las tasas incluidas

Desde ahora y gracias a las directivas de la UE, los viajeros de avión están más protegidos frente a los “suplementos y costes adicionales” de los billetes aéreos

Por una normativa de la Unión Europea

Miércoles 22 de octubre de 2014
MADRID. Desaparecen las opciones marcadas por defecto si tienen coste. La directiva obliga a las aerolíneas a operar en rutas no rentables

Billete de avión ida y vuelta a París por 60 euros. Un clik. Precio final: 120 euros. Esta estrategia ha dejado de ser lícita. Una directiva europea pone fin a esta práctica obligando a incluir todas las tasas aeroportuarias y recargos de carburante en los precios de los billetes.

Con esta iniciativa, la Unión Europea pretende combatir la publicidad engañosa, presente principalmente en Internet. "El objetivo es que los usuarios conozcan desde el primer momento los precios reales, sin que haya tasas escondidas", comentó un portavoz comunitario.

El texto legal concreta que las condiciones que se deben incluir son la tarifa, los impuestos y los cánones, recargos y derechos que sean obligatorios y previsibles en el momento. "Todos los costes que no se puedan evitar", precisó un experto del Ejecutivo comunitario.

En cuanto a las condiciones, se eliminan también los "favoritismos" por razón de lugar de origen o residencia. Así, un billete para una plaza de un determinado vuelo deberá costar lo mismo independientemente del Estado miembro desde el que se adquiera.

Una barrera protectora para los consumidores
Sin embargo, aunque seguirán existiendo los suplementos facultativos, como los seguros de viaje opcionales, no podrán aparecer marcados por defecto, sino que se exigirá que medie consentimiento expreso por parte del cliente. Además, los pagos a reembolsar posteriormente como, por ejemplo, el equipaje adicional en el momento de la facturación, también deben aparecer de manera clara.

El reglamento incluye una cláusula que faculta a la autoridad competente en cada estado a suspender o revocar las licencias de explotación de las compañías como método de protección para los consumidores. La medida será acatada en el supuesto en que la compañía no pueda hacer frente durante un año a las obligaciones financieras que hayan contraído, así como si presenta datos falsos relativos a su estado financiero.