En la imagen, el ministro de Defensa, Gabriel Silva.
Miércoles 22 de octubre de 2014
Las autoridades colombianas investigaban hoy la presencia en Bogotá de un presunto comando armado tras la detención de dos personas que supuestamente planeaban atentar contra al menos tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El ministro de Defensa, Gabriel Silva, reveló a los periodistas que recibió informaciones de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General sobre "la presencia de sicarios provenientes de Córdoba (departamento del noroeste) que se ubicaron en una zona cercana a la residencia de un magistrado" en Bogotá.
Añadió que aún no se ha podido establecer si su propósito sería el de atentar contra el juez, pero se dijo preocupado por este hecho.
Medios locales de prensa, sin embargo, señalaron que los objetivos de los pistoleros serían no uno, sino tres magistrados de la CSJ, entre ellos Augusto Ibáñez, ex presidente del alto tribunal, y los también miembros de la Sala Penal Jorge Luis Quintero y Gabriel Zapata.
Los detenidos están siendo investigados y, según medios locales, la fiscalía "interceptó conversaciones telefónicas en las que se evidenciaría la llegada de un grupo de delincuentes a Bogotá, en vehículos y motocicletas de alta cilindrada".
Altos funcionarios de la fiscalía se comunicaron con los miembros de la CSJ para advertirles del supuesto atentado.
El fiscal general interino, Guillermo Mendoza Diago, se comprometió con el alto tribunal a brindar la protección necesaria a sus jueces.
Pese a las dudas de las autoridades sobre la veracidad de estas amenazas, los controles y la seguridad de los juristas fueron reforzados.
El propio presidente Álvaro Uribe se comunicó con el director de la policía y con los ministros del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, y de Defensa, y les pidió reforzar la seguridad de los magistrados.
Valencia Cossio emitió un comunicado en el que expresó que el Gobierno "condena de la manera más enérgica todo tipo de amenaza o atentado contra los miembros de la Rama Judicial, y especialmente contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
Asimismo, recordó que el Ejecutivo asignó recursos en diciembre pasado por unos tres millones de dólares "al Consejo Superior de la Judicatura, con destinación específica para la protección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
Reveló también que "está en permanente contacto con la policía y el Consejo Superior de la Judicatura con el propósito de tomar las medidas necesarias para continuar fortaleciendo los esquemas de seguridad de los señores magistrados y sus familiares".