La huelga de los taxistas es solamente la cabeza más visible para el ciudadano que afecta a muchos otros sectores profesionales según la normativa europea que busca la liberalización de muchas actividades hasta agora, restringidas
Miércoles 22 de octubre de 2014
Cerca de 16.000 taxistas llamados a la huelga en Madrid con motivo del debate en el Congreso de los Diputados de la Ley Ómnibus, colapsaron la ciudad el pasado jueves.
La norma, que permitirá que cualquier ciudadano que cumpla unos requisitos mínimos pueda dedicarse al transporte de viajeros, supone una desregularización del mercado para los taxistas, mientras que para el Gobierno "refuerza la seguridad jurídica de estos servicios".
De momento, Ejecutivo y trabajadores no se han entendido, y el acuerdo parece inalcanzable. Los taxistas denuncian que los 'piratas' --como ellos los llaman-- se anuncian en la red o con carteles por la calle, y en sus vehículos no hay ni taxímetro ni número de licencia. Los precios se pactan con el viajero, y su auge llegó impulsado por una cifra de paro que va en aumento y por la concesión limitada de licencias en los ayuntamientos. Esta competencia, que los taxistas profesionales denuncian como "desleal" es más acentuada en los aeropuertos.
Con este panorama, miles de taxis adelanaron su salida de protesta, prevista para las once de la mañana de este jueves, y han colapsado las entradas y salidas del aeropuerto de Barajas. Este es el sector afectado por la reforma de la Ley Ómnibus que ha desatado la mayor polémica. La norma establece en el artículo 21, dedicado a los transportes terrestres, dos disposiciones que liberalizan el alquiler de vehículos con conductor: la libertad entre las partes contratantes para fijar el precio del transporte y la libertad para ejercer el transporte de viajeros discrecional sin necesidad de una licencia administrativa.
Esto no supone que vayan a desaparecer los taxis municipales, ya que las autorizaciones seguirán rigiéndose por la normativa municipal, sino que cualquiera, bajo unos mínimos requisitos, podrá dedicarse al transporte de viajeros, lo que en la práctica afecta a los coches de alquiler con conductor, como es el caso de limusinas, vehículos en los aeropuertos para altos ejecutivos, vehículos de flota de empresas o vehículos para viajes organizados de un grupo reducido de personas.
Eliminar la competencia
Aunque la protesta que más suena es la de los taxistas, en realidad la ley supone la modificación de otras 47 normas sobre distintos sectores, para adaptarlas a la Directiva de Servicios aprobada por la Comisión Europea a finales del 2006, que trata de crear un mercado único de servicios; para ello, una de las principales medidas es que los profesionales de un país puedan ejercer en el resto de la Unión Europea.
Así, la Ley Ómnibus afecta especialmente a los colegios profesionales, eliminando restricciones como la imposibilidad de ejercer dos profesiones, el visado para un trabajo profesional -por ejemplo, un proyecto de un arquitecto-, o la fijación de baremos orientativos para los honorarios -el precio será fijado por ambas partes libremente-.
En concreto, se establece que la cuota de suscripción "no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción". Esto elimina la principal fuente de financiación de muchos colegios profesionales, lo que, junto a la desaparición de requisitos hasta ahora obligatorios que ellos controlaban, pone en cuestión la continuidad de muchos colegios.
De hecho, los efectos de la ley se están ya apreciando antes incluso de su aprobación definitiva, ya que los colegios de abogados de Madrid, Valencia, Barcelona y Málaga ya están reduciendo sus cuotas de inscripción, en algunos casos hasta un 67%: en Madrid, colegiarse pasará de costar 915 euros a 300 euros. En cualquier caso, la nueva regulación no afecta a las profesiones relacionadas con la salud.
En otros sectores, la reforma se centra especialmente en la eliminación de autorizaciones para sustituirlas por declaraciones responsables: así, la instalación de equipos de gas o de calderas y la instalación de sistemas de telecomunicaciones sólo requerirán que quién preste el servicio se comprometa a cumplir con la normativa vigente -de modo similar a la constitución de una empresa-, sin necesidad de disponer de una autorización previa.