Una semana después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reconociera la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -que reclamaban tanto Bogotá como Managua- y amplió la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas en todos los puntos de la línea limítrofe, la ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, se fue lanza en ristre contra la CIJ y la calificó de «enemigo».
Ante el Congreso colombiano, que la citó a una audiencia para que explicara las consecuencias de un fallo que fue catalogado de «error» por parte del presidente Juan Manuel Santos porque aísla tres cayos del territorio continental colombiano y «desconoce varios acuerdos internacionales», Holguín fue enfática: «Uno lo lee (el fallo) y no puede creer que los países que la forman hayan elegido esos jueces para un fallo tan importante».
Mientras tanto Nicaragua movía sus alfiles y el presidente, Daniel Ortega, anunció que «los barcos nicaragüenses ya están ejerciendo la soberanía nicaragüense sobre las nuevas aguas territoriales del país». También pidió al Gobierno de Santos que retire a las FF.AA. de la zona.
Las fragatas, donde siempre
«No va a haber cruce de declaraciones», dijo la canciller, pero acto seguido indicó que «las fragatas colombianas están donde siempre han estado» (es decir en aguas que, según la CIJ, pertenecen a Nicaragua después del fallo).
Para demostrar que están hablando en serio y que harán todo lo posible por apelarlo, Santos anunció la retirada de Colombia del Pacto de Bogotá. «He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica de Colombia, y no en sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia», manifestó Santos.
El Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas fue suscrito el 30 de abril de 1948 por los países independientes de América reunidos en la IX Conferencia Panamericana en Bogotá, según explicó Caracol Radio.
El objetivo es imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. También se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En otras palabras. Colombia se retiró del pacto que reconoce la jurisdicción de La Haya.