Madrid

El misterioso abogado de Willy, el pirata

Javier Díaz Aparicio el nuevo y misterioso abogado del “niño-pirata” somalí ha alcanzado súbita notoriedad por defender a un inculpado en este insólito caso

POLITICA

El Gobierno deja a la Audiencia Nacional la salida jurídica del secuestro del "Alakrana

Miércoles 22 de octubre de 2014
El "niño pirata" Somalí encarcelado en España ya no tiene abogado de oficio, sino un letrado que no dice quién le paga, y que pedirá que se acuse a su cliente de cómplice para facilitar su expulsión

CABDIWELI Cabdullahi, Abdu Willy, el niño pirata somalí que es mayor de edad, ya no está defendido por un abogado de oficio pagado por el Estado. El corsario tiene un nuevo y misterioso letrado, que hizo su aparición en la Audiencia Nacional y que se niega a revelar quién paga sus honorarios.

El abogado Francisco Javier Díez Aparicio debutó en el caso Alakrana con un golpe de efecto: pedir a la Fiscalía que acuse a su cliente de cómplice, y no como autor material de los secuestros, para facilitar su expulsión. En la Audiencia Nacional nadie ve viable su plan. El letrado, a su salida del tribunal, se negó en redondo a revelar quién paga sus honorarios.

"Entiendo el interés informativo, pero permítanme no responder a esa pregunta", señaló Díez, quien no disipó las dudas sobre si trabaja para alguno de los bufetes de abogados británicos que se han especializado en mediar en los secuestros de los buques capturados a cambio de una jugosa comisión o si simplemente ha asumido la defensa por notoriedad mediática.

Eso sí, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, negó de manera categórica que el Gobierno sea quien haya contratado sus servicios.

Díez Aparicio se reunió con el teniente fiscal del tribunal de la calle Génova, Fernando Burgos, a quien explicó su propuesta, pero sin detallarla en un documento, según responsables del Ministerio Público.

La oferta del abogado

Burgos, según fuentes de la Fiscalía, se limitó a escuchar las explicaciones. El abogado no fue optimista tras su entrevista. "Tengo la impresión -dijo- que el fiscal no tiene capacidad de decidir. Poco más o menos que no tienen las manos libres para decidir. Espera instrucciones de la Fiscalía General del Estado, que depende del Ministerio de Justicia".

El abogado explicó su oferta para conseguir la liberación de Abdu Willy cuanto antes. Díez, que dijo que sólo le mueve el interés de "proponer soluciones" y de zanjar cuanto antes el "problema de la familia de los marineros", indicó que su propuesta será que los piratas sean expulsados, una vía mucho más rápida que la firma de un convenio de extradición, que, en su opinión, podría demorarse meses.

El letrado recordó que el artículo 57 de la ley de Extranjería permite que el fiscal pueda proponer la expulsión de un extracomunitario, previo acuerdo con su defensa, cuando esté acusado de delitos que no superen los seis años de cárcel. Todo ello sin que, como en este caso, haya otras acusaciones personadas en la causa.

El abogado de Abdu Willy: "Devolver a los piratas a Somalia es posible legalmente"

Francisco Javier Díaz Aparicio, abogado de uno de los dos piratas detenidos en España, Abdu Willy, ha insistido en l programa de TV Espejo Público en que una solución legal compatible con las reivindicaciones de los piratas del Alakrana es asumible, siempre y cuando la Fiscalía acepte las tesis de la defensa: que Abdu Willy es cooperante y no autor del delito.

Según el argumento del letrado, existen dos líneas en la defensa, y ambas contemplan una expulsión a Somalia, basándose en la ley de Extranjería, que obliga a expulsar a los extranjeros que son detenidos por delitos con penas inferiores a seis años.

El abogado se ha referido a su defendido como un "cooperador de la justicia española", ya que "la defensa se puso en contacto con la Fiscalía no para imponer condiciones, sino para decirle que está a su disposición por si quiere resolver el conflicto sin que la defensa plante batalla".

Respecto a quién paga la defensa del pirata, Díaz Aparicio no ha querido revelar ningún detalle. "Es la pregunta del millón de dólares, pero no puedo revelarlo. Si cada detenido tiene que dar explicaciones de quien paga su defensa, se acabaría el derecho a la defensa y los abogados".

Para el abogado, "existe un problema legal, por traer a unas personas a España que queremos devolver. Es un problema que raya el absurdo y con solución posible".