Miércoles 22 de octubre de 2014
El gobierno implementará un plan de seguridad a un costo de 3,5 millones de dólares en la conflictiva zona indígena del sur del país para frenar acciones de violencia de mapuches radicales.
El plan fue adoptado por el gobierno al mismo tiempo que realizó una reunión de alto nivel el jueves en la noche en la ciudad de Temuco, a 650 kilómetros al sur de esta capital. En esa región se concentra una gran población de la etnia mapuche y en torno a la cual se han desarrollado los peores incidentes de violencia, con ataques a haciendas, quemas de viviendas y camiones madereros, así como enfrentamientos con la policía.
La reunión fue encabezada por el ministro del Interior, Edmundo Pérez, y en ella participaron el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, designado por la presidenta Michelle Bachelet para resolver el "conflicto mapuche", así como fiscales, jefes policiales y autoridades regionales.
Viera-Gallo informó que en la reunión se pasó "una revista completa sobre la situación de seguridad de la región".
El plan de seguridad pública contempla la instalación de cámaras en caminos y otras medidas destinadas a frenar los frecuentes ataques a los camioneros. Los transportistas exigían mayor seguridad para transitar por algunos caminos de la zona mapuche, ante los reiterados ataques.
Al mismo tiempo, el gobierno pidió un estudio a una universidad sureña a un costo de otros 3 millones de dólares sobre la disponibilidad y las condiciones de tierras en las cuatro provincias en las que se concentra el conflicto mapuche.
En 10 años los últimos tres gobiernos han entregado 600.000 hectáreas a comunidades mapuches y Viera-Gallo anunció que antes de concluir el actual periodo de gobierno en marzo se entregarán otras 33.000 hectáreas.
La violencia en la región ha recrudecido, aunque según el gobierno se trata de grupos pequeños más radicales. Viera-Gallo aseveró que se trataría de "acciones más bien aisladas y un poco desesperadas".
El más radical de los grupos mapuches y que actúa en la clandestinidad, la Coordinadora Arauco-Malleco, declaró "la guerra" esta semana al estado chileno. Varios de los dirigentes de esa agrupación han sido condenados o están detenidos por situaciones de violencia.
Los mapuches, la principal etnia del país con unos 650.000 integrantes, reclaman la devolución de tierras que les fueron arrebatadas durante la colonización hace más de un siglo en cuatro provincias del sur.
Pero los mapuches se quejan también de la violencia desmedida por parte de la policía cuando son reprimidos. Un policía fue expulsado esta semana de la fuerza de Carabineros luego que un video delató los golpes reiterados que le propinaba a un joven mapuche que era llevado detenido. Y otro fue encauzado por la justicia por haber dado muerte por la espalda a un manifestante indígena.