Los titulares de cuentas en el extranjero tendrán la obligación legal de informar a Hacienda

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este jueves que a partir de ahora se va a establecer la obligación legal de informar sobre las cuentas abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero, dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal que se aprobará este viernes.

Esta obligación afectará tanto a titulares como a beneficiarios o a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en estas cuentas, ha detallado Montoro en el Congreso de los Diputados durante su defensa de las diversas medidas tributarias o administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

Hay que elegir entre las opciones de recaudación en una situación excepcional En cuanto a la regularización de rentas ocultas, el ministro ha hecho hincapié en que "no es una amnistía fiscal", sino "un gravamen sobre activos que están ocultos y cuyo afloramiento será positivo para normalizar la actividad económica en nuestro país" y luchar contra la economía sumergida. Las rentas no declaradas que afloren antes del 30 de noviembre pagarán un gravamen del 8% o del 10%.

Ha recordado que por primera vez en España se va a limitar el pago en efectivo a partir de los 2.500 euros tanto en operaciones mercantiles como de personas físicas con mercantiles.

Según Montoro, "hay que elegir entre las opciones de recaudación en una situación excepcional" como el actual y el Gobierno ha elegido los instrumentos menos perjudiciales para el crecimiento económico, evitando así el uso de otros que dañarían el consumo y la demanda interna, como sería el caso de la subida del IVA.

De hecho, el ministro ha expresado su "sorpresa" por la "simpleza" de los argumentos que -tanto dentro como fuera de España- abogan por la subida de este impuesto, cuando todas las previsiones apuntan a una caída del consumo, ha recordado. "Si no es que esta propuesta se hace para profundizar en la crisis", ha sugerido Montoro.
No estamos en una subida del impuesto que grava el beneficioEn cuanto a las modificaciones que se introducen en el impuesto de Sociedades, ha recalcado que "no estamos en una subida del impuesto que grava el beneficio", sino ante el cambio en la forma de liquidación y el fraccionamiento de pagos.
El ministro ha insistido en que las medidas fiscales "vuelven a ser selectivas" e inciden en los agentes económicos con mayor capacidad para soportarlas en el corto plazo, además de que deben entenderse como modificaciones tributarias transitorias y vinculadas a "momentos extraordinarios que precisan medidas extraordinarias".

En contra del plan de regularización de dinero negro

La mayoría de los grupos parlamentarios han rechazado el plan de regularización de dinero negro por su injusticia con el resto de contribuyentes, a pesar de la insistencia de Montoro de que no se trata de una "amnistía fiscal", sino de "un gravamen sobre activos ocultos".

El diputado del PSOE Pedro Saura ha opinado, en el debate parlamentario sobre el real decreto de medidas tributarias para la reducción del déficit público, que con ellas no se genera ninguna confianza económica. El plan para regularizar activos ocultos a cambio de un gravamen de entre el 8% y el 10% es, a su juicio, "tremendamente injusto", no ayuda a recuperar la demanda y contribuye a ahondar en la crisis económica.

Para Saura, se ha pasado de una política impositiva que persigue a los defraudadores a una norma fiscal que los perdona y particularmente a las grandes fortunas, ya que el 70% del fraude fiscal de España se concentra en los grandes defraudadores y grandes empresas.

Se ha pasado de una política impositiva que persigue a los defraudadores a una norma fiscal que los perdona Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha dicho que, pese a que la situación económica es muy delicada, la amnistía fiscal es "difícilmente entendible" si no va acompañada de medidas para acabar con la economía sumergida, porque si no parece que el Gobierno "ha vendido su alma al diablo".

Ha considerado que el Gobierno debe "emplearse a fondo" para que la regularización sea masiva porque, si es un fracaso, serán "cornudos y apaleados" y la solución no sería como alternativa una subida posterior del IVA y de otros impuestos. El portavoz de Izquierda Plural Ignacio Garzón también ha dicho que votarán en contra porque considera que el sistema fiscal sigue siendo "altamente regresivo" y sobre todo con lo que defraudan las grandes fortunas.

Por el grupo mixto, el portavoz del BNG Francisco Jorquera ha afirmado que las medidas del Gobierno son "económicamente ineficaces, injustas y éticamente inaceptables" y sobre todo una amnistía fiscal que ha tachado de "manifiestamente ilegal". A su juicio, esta regularización atenta contra el principio de igualdad tributaria y supone un agravio comparativo con los que cumplen con sus obligaciones.

La diputada de ERC Teresa Jordá ha dicho que "la amnistía, que no gravamen", además de injusta, es un agravio porque penaliza a quien cumple y premia a quien defrauda y "nos acerca más a la Italia de Berlusconi que a los países serios". El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha recordado que todas las instituciones vascas han de aplicar esa amnistía independientemente de por quién estén regidas porque consideran que va en contra de la gente de la calle, la solidaridad y el sistema fiscal.

El portavoz del PNV Pedro Azpiazu ha justificado su voto en contra porque considera que es un "auténtico chollo" para los que no pagaron en su día el 20 % o más y ahora ven cómo se les aplica el "módico precio del 10% para el dinero que viene de paraísos fiscales". También votará en contra UPyD, según su portavoz, Álvaro Anchuelo, quien ha dudado de la legalidad de la amnistía fiscal porque atenta contra el espíritu de la Constitución.