De este modo, aprovechándose de la necesidad de sus conciudadanos, falsificaban documentos que vendían como verdaderos, pero que posteriormente eran identificados como falsos cuando los afectados pretendían usarlos para realizar trámites oficiales.
Edwin Alfredo B.C., máximo responsable de una red de estafadores y falsificadores que operaban en toda España, era quien organizaba la elaboración y distribución de la documentación falsificada. Por su parte, Yonny R.F. simulaba ser trabajador de la embajada para captar "clientes". En total se les imputan diez delitos de falsedad documental –pasaportes, permisos de conducir o documentos de antecedentes penales- y siete delitos de estafa.
La investigación ha sido conducida por el Grupo VIII de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
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