Una plataforma de 50 entidades califica el sistema de inscripción en el Censo Electoral como “un desastre”

Para las entidades, resulta un despropósito que el anuncio del Ministerio del Interior para informar de la inscripción en el censo publicite el eslogan “todos los que convivimos juntos, votamos juntos”, cuando más de dos millones de personas inmigrantes que residen legalmente en España no podrán votar en las próximas elecciones municipales del 22 de mayo.

Además, las organizaciones denuncian la demora del Gobierno en facilitar información a la ciudadanía y a las ONG que trabajan con estos colectivos para que puedan formalizar la solicitud en el plazo estipulado, que la semana pasada se amplió hasta el día 25 de enero, algo que es valorado como muy positivo. Otro de los obstáculos encontrados por parte de las personas que han acudido a inscribirse en el censo electoral es el desconocimiento de los ayuntamientos, tanto del procedimiento como de los países que tenían acuerdos de reciprocidad en vigor, hecho que califican como lamentable.

Dado que el Gobierno central conoce a ciencia cierta las personas que cumplen los requisitos para poder votar, las organizaciones sociales se cuestionan por qué no les ha dado de alta de manera automática en el censo electoral, tal como hace con los españoles que alcanzan la mayoría de edad. “Esto favorecería el ejercicio del derecho a la participación política y hubiera evitado que las numerosas trabas burocráticas, los cortos plazos de tiempo y la grave desinformación impidieran a estas personas ejercer sus derechos”, apuntan.

La Campaña Aquí Vivo, Aquí Voto. Por una Ciudadanía Plena pretende el reconocimiento de derechos políticos de los extranjeros en España y aspira a que se modifique el artículo 13.2 de la Constitución, con el fin de abrir la participación política a todos los residentes en España. Así ocurre en países de nuestro entorno como Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos o Luxemburgo. “No se puede pedir a las personas inmigrantes que se integren, que se sientan responsables del lugar en el que viven y luego negarles que participen en las decisiones que les afectan directamente”, denuncian.