El resultado es un plan de 92 leyes repartidas a lo largo de 2020 (la mitad en el periodo parlamentario hasta agosto y el resto en el último cuatrimestre). Fuentes gubernamentales explican que el informe -que ahora tiene que pasar el filtro de la comisión delegada de asuntos económicos- no especifica fechas sino que establece prioridades y algunas efemérides con las que el Ejecutivo pretende hacer coincidir cada acción legislativa.
Ley de libertades sexuales inmediata para el 8M
En el próximo Consejo de Ministros se aprobará, coincidiendo con el 8 de marzo, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ‘ley del solo sí es sí’. La propuesta del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero recoge una reforma transversal que afectará desde el Código Penal a la ampliación de competencias de los juzgados especializados en violencia de género, según el borrador del proyecto que desveló eldiario.es. Esta ley provocó las primeras desavenencias en el Gobierno de coalición porque los socialistas eran partidarios de incluir la reforma correspondiente al consentimiento sexual en la reforma integral del Código Penal que se abordará más adelante. Finalmente, el pulso lo ganó Montero.
También en este primer periodo de sesiones, antes del verano cuando se celebra el Orgullo, Igualdad quiere llevar al Congreso el Anteproyecto de la Ley LGTBI, tal y como anunció Montero en su comparecencia parlamentaria, con el objetivo de establecer un marco de medidas contra la homofobia, la bifobia y la transfobia.
Leyes de educación y contra el cambio climático listas
Una de las primeras medidas de la coalición fue la declaración de la emergencia climática con el compromiso de poner en marcha las medidas para reducir las emisiones de CO2 en 2050 en un plazo de 100 días. El texto, que ya está listo, debe llegar en menos de un mes a las Cortes si el Ejecutivo quiere cumplir con esa promesa. El departamento de Teresa Ribera también está poniendo en funcionamiento algunas iniciativas para paliar la despoblación, aunque la mayoría depende de que haya presupuestos y la estrategia nacional se aplaza hasta la próxima conferencia de presidentes, que no tiene fecha prevista.
El Gobierno planea aprobar de manera inmediata la reforma educativa que acabará con la LOMCE. Isabel Celaá ya tiene el texto listo dado que en el anterior mandato salió del Consejo de Ministros, pero caducó en el Congreso por la convocatoria electoral.
‘Ley Rhodes’ de protección de la infancia
Otro de los textos que se quedó en el tintero fue la ley de protección de la infancia, la primera iniciativa que llevará al Consejo de Ministros Pablo Iglesias, que la ha bautizado como ‘ley Rhodes’. La previsión es que lo haga este mes. Según anunció Iglesias, que coordina la agenda social del Gobierno, los ciudadanos tendrán la obligación de denunciar los indicios de violencia contra menores, se crearán unidades policiales especiales, se establecerán protocolos en los centros escolares y los delitos no prescribirán nunca antes de que las víctimas cumplan 30 años. Muchas de estas medidas ya estaban incluidas en el proyecto que preparaba la anterior ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Desde la Vicepresidencia Segunda apuntan, no obstante, a que el texto que lleve Iglesias -en el que también ha participado Justicia- incluirá novedades.
Hasta ahora, el grueso de medidas que ha adoptado el Ejecutivo no comportan incremento de gasto y la mayoría de departamentos está a expensas de la aprobación de los presupuestos que María Jesús Montero prevé llevar en los próximos meses al Congreso para que salgan aprobados “antes de que finalice el verano”. El Gobierno esperará a tener amarrados todos los apoyos y depende de ERC, que condiciona su respaldo a la marcha de la mesa de diálogo con la Generalitat. Hacienda también tiene prácticamente listo el proyecto de lucha contra el fraude fiscal mientras que la renovación del sistema de financiación autonómica tendrá que esperar al menos hasta noviembre.
En el marco de la negociación con los independentistas, Sánchez envió un mensaje al plantear una reforma del Código Penal para suavizar las penas por sedición -lo que anticiparía la salida de la cárcel de los políticos condenados por el procés-. No obstante, el Ejecutivo no tiene ya especial prisa en esa modificación, que en las filas socialistas admiten que tiene complicaciones. La idea es que se plantee, eso sí, a lo largo de 2020. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también se ha comprometido a aprobar este año los cambios en la ley de enjuiciamiento criminal necesarios para que los fiscales puedan asumir las investigaciones penales.
Paquete laboral y de pensiones
No obstante, Sánchez quiso dar un tinte marcadamente social a su arranque con la revalorización de las pensiones y la subida del sueldo de los funcionarios. El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivà, confía en que antes de que finalice el año se pueda llevar a cabo una reforma del sistema de pensiones tras un acuerdo en el Pacto de Toledo mientras que el desarrollo del ingreso mínimo vital tendrá que esperar a 2021. Por su parte, la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, anunció su intención de presentar un proyecto de reforma de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE), para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, así como medidas en materia de igualdad, avanzando en teletrabajo, y planes de formación y captación de talento para frenar el envejecimiento de las plantillas. No obstante, en su comparecencia en el Congreso no estableció un calendario.
El inicio del mandato de la coalición ha estado especialmente marcado por las medidas laborales con la subida del salario mínimo a 950 euros, aceptada por la patronal en el marco del diálogo social, como primera gran victoria política. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha fijado como objetivo para este primer periodo de sesiones figura el inicio del desmontaje de la reforma laboral del PP. Díaz ha reconocido que no se puede llevar derogación completa, tal y como hasta ahora había defendido Unidas Podemos. La ministra ha comenzado por eliminar la acumulación de bajas médicas como causa objetiva de despido. Y tiene previsto acometer antes del verano algunos ajustes más.
La siguiente medida que prevé impulsar su departamento es la legislación para terminar con los falsos autónomos y la ratificación, e implementación legal, del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la mejora de las condiciones de las empleadas domésticas. Este lunes, Díaz se reunirá con el director de la OIT, Guy Ryder.
Banderas de la izquierda y límite a los precios del alquiler
El Gobierno ha agitado las principales banderas de la izquierda en el comienzo de su andadura, frente a una derecha partida en tres. La primera iniciativa debatida en el Congreso a instancias del PSOE fue la legislación de la eutanasia y el plan es que la reforma de la ley de memoria histórica sea la siguiente en colaboración con la vicepresidencia de Carmen Calvo. Esa normativa, que se discutirá en marzo, permitirá acabar con las condecoraciones de torturadores como Billy El Niño, sacar a los benedictinos del Valle de los Caídos o la prohibición de la Fundación Francisco Franco. El departamento de Calvo también quiere acelerar la reforma constitucional para acabar con el término "disminuido" en el artículo 49 de la Carta Magna.
El Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad que pilota José Luis Ábalos responderá antes del verano a una de las principales demandas sociales, especialmente de los jóvenes: la reforma legislativa que habilitará a comunidades y ayuntamientos a controlar los precios del alquiler que se están disparando en algunas ciudades.
En Exteriores tienen la competencia de derogar el voto rogado, uno de los compromisos de PSOE y Unidas Podemos. Fuentes del departamento de Arancha González Laya se muestran partidarios de poner en marcha ese cambio legislativo cuanto antes para alejarlo al máximo de las elecciones. Respecto a la actividad legislativa, que es escasa en ese departamento, esas fuentes señalan una ley de cooperación pero en el medio plazo. Margarita Robles se ha comprometido a aumentar la plantilla del ejército. El presupuesto de Defensa es un potencial foco de desavenencia entre PSOE y Unidas Podemos, como lo ha sido la política migratoria. Fernando Grande-Marlaska está en el punto de mira de los de Iglesias por las devoluciones en caliente que Interior pretende seguir llevando a cabo. Su departamento tendrá que impulsar la derogación de la 'ley mordaza'.
Guerra al tabaco, las apuesta y la comida basura
También han quedado limitadas las competencias del Ministerio de Sanidad tras la disgregación de los Asuntos Sociales y Consumo de esa cartera. Salvador Illa ha declarado la guerra al tabaquismo: modificará la ley del tabaco para ampliar los espacios libres de humo y, en este sentido, analizará la posibilidad de proteger mejor la salud en los recintos deportivos al aire libre y dentro de los vehículos. Sanidad abordará con Hacienda el incremento de los impuestos al tabaco.
La otra pata de ese ministerio en el anterior mandato quedó en manos de Alberto Garzón, que ha arrancado al frente de Consumo con cierta polémica. La presentación del real decreto que regula y limita la publicidad de las apuestas, una de las prioridades de Unidas Podemos, no ha sido bien recibido por sus propias bases. Pese a acabar con el 80% de la publicidad, la ausencia de competencias para atacar a las casas de apuestas en los barrios populares y el planteamiento de permitir anuncios de apuestas durante los partidos de fútbol, así como los problemas para abordar plataformas como YouTube, se han vuelto en su contra. La idea del ministerio es que el real decreto entre completamente en vigor con el inicio de la siguiente temporada deportiva, para evaluar el impacto que ha tenido. El próximo paso de Consumo, según ha anunciado el propio Garzón en su comparecencia ante el Congreso, pasa por "desincentivar el consumo de alimentos no saludables" con el etiquetado, los impuestos y la publicidad.
El sociólogo Manuel Castells ha arrancado la legislatura con una apuesta decidida por la prudencia informativa al frente de Universidades. Su presencia en medios está siendo muy limitada. Su participación en la Mesa de Diálogo en Catalunya abunda en esta decisión estratégica. Los primeros pasos del departamento pasan por poner sobre la mesa lo antes posible una nueva redacción del estatuto del personal docente para acabar con los falsos asociados en la universidad española. Además, revisará la legislación sobre las tasas universitarias para rebajar su coste y el sistema de becas, que ahora va ligado al rendimiento académico sin tener en cuenta la situación socioeconómica de los estudiantes. A largo plazo, Castells se plantea una nueva ley de universidades que cuente con la participación de la comunidad universitaria, pero en el PSOE son poco optimistas respecto a que sea posible. “No habrá una reforma en la universidad”, reconoce un destacado dirigente.
Fuente: eldiario.es
Irene Castro / Aitor Riveiro
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