El ultraderechista alemán de 43 años Tobias Rathjen, presunto autor de los atentados, dejó un video y un manifiesto de 24 páginas, en los que llama a “exterminar” a la población de al menos 24 países, entre ellos los del norte de África, Oriente Medio, Israel o el sur de Asia.
Tras el ataque, la canciller alemana, Angela Merkel, lamentó el crimen y recordó los asesinatos y atentados ligados al terrorismo de extrema derecha y al fanatismo religioso que han tenido lugar en las últimas dos décadas.
“El racismo es un veneno, el odio es un veneno. Y este veneno existe en nuestra sociedad”, lamentó Merkel.
Sin embargo, muchos ciudadanos en Alemania, donde viven tres millones de personas de origen turco, incluido un millón de kurdos étnicos, no creen que el Gobierno esté haciendo lo suficiente para luchar contra el racismo y la extrema derecha. Durante su visita a Hanau este jueves, el ministro del Interior, Horst Seehofer, y la ministra de Justicia, Chistine Lambrecht, fueron recibidos entre gritos y el enojo de la gente.
Odio en ascenso
Alemania ha visto cómo su panorama político se ha polarizado en los últimos años, con una ola de inmigración y una economía en desaceleración que contribuye a alimentar el apoyo a los grupos extremistas en ambos extremos del espectro.
Además, la amenaza de un terrorismo de extrema derecha preocupa cada vez más a las autoridades alemanas, sobre todo desde el asesinato en junio del 2019 de Walter Lübcke, un diputado alemán favorable a los migrantes y refugiados. El político era del partido de Merkel.
En octubre del mismo año, un atacante antisemita abrió fuego frente a una sinagoga alemana en Yom Kipur, el día más sagrado del año judío, y mató a dos personas mientras retransmitía en directo el ataque.
“Estos asesinatos no son hechos aislados. Da igual que esta violencia contraria a la dignidad humana se dirija contra los políticos de mente abierta, contra los judíos o los musulmanes: son manifestaciones de lo que crece en el clima social de Alemania. Y son una alerta para que comprobemos si el Estado sigue teniendo los instrumentos adecuados para llevar a cabo sus tareas soberanas de proteger la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos, con independencia del origen, la religión y el género, como manda la Constitución”, afirma en una columna de opinión Ines Pohl, redactora en jefe del medio Deutsche Welle.
Actualmente, los servicios de inteligencia vigilan a 50 personas vinculadas al movimiento de extrema derecha y consideradas un “peligro para la seguridad del Estado”, mientras que el ministerio de Interior calcula que en Alemania hay casi 14.000 extremistas de derechas dispuestos al uso de la violencia, en grupo o en solitario.
Las autoridades han prohibido algunos grupos de extrema derecha que apoyaban la violencia, mientras que el consenso político centrista de Alemania en la posguerra se ha visto socavado por el creciente apoyo al partido antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD), sobre todo en los exestados comunistas del este.
La AfD es desde el 2017 la tercera fuerza del Bundestag (Parlamento federal), por detrás del bloque conservador de Angela Merkel y sus socios de gobierno socialdemócratas. Tiene escaños en todas las cámaras regionales de país, así como en la Eurocámara, por lo que percibe una notable financiación pública.
Tras el ataque en Hanau, el diario español “El País” recogió el sentir de Ute Nágag-Ehnes, alemana oriunda de esa ciudad y quien nació cinco días después del fin de la Segunda Guerra Mundial.
“Desde que tenemos a Alternativa para Alemania (AfD), los nazis tienen más valor para salir de sus agujeros, se sienten seguros para cometer atentados”, se lamenta al tiempo que dice no entender cómo puede permitirse el auge de la ultraderecha en Alemania.
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