Es el dilema al que se enfrenta este lunes en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional el exconsejero madrileño Manuel Lamela (Burgos, 1962). Las respuestas que pueda dar tanto al instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, como a las fiscales de la causa son claves dado que en su declaración como testigo ante la Guardia Civil Lamela ya situó a Aguirre en reuniones en las que supuestamente se acordó beneficiar con contratos públicos a un empresario que ha admitido su participación en la financiación irregular del PP de Madrid.
El sumario del caso Púnica considera a este abogado del Estado una pieza relevante de la maquinaria puesta en marcha bajo el mandato de Esperanza Aguirre (2003-2012) para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del partido. Los investigadores atribuyen a Lamela, "en connivencia con los altos mandatarios" del PP regional, el papel de ideólogo de la llamada cláusula del 1%, por la que se obligaba a las constructoras de infraestructuras públicas a abonar ese porcentaje del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. El dinero acababa después total o parcialmente desviado a las arcas del partido o al bolsillo de algunos de sus dirigentes.
En el caso de contratos de la Consejería de Sanidad el juez detalla de forma indiciaria un quebranto para las arcas públicas de 3,07 millones de euros. Además, esos trabajos se encargaron en todos los casos a empresas del publicista Daniel Horacio Mercado, que según los investigadores devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP. El auto del juez García Castellón sitúa a Mercado y a Lamela en la reunión en la que se inició todo el sistema de financiación irregular del PP madrileño. En esta cita, celebrada según varios testigos en 2004, Aguirre "dio instrucciones" a los consejeros de su Gobierno para que se contara con el empresario y su firma Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad. En su declaración ante la Guardia Civil, el propio Mercado situó a Aguirre en este y otros encuentros en los que se habrían urdido los amaños de la trama.
Según el juez, la "cobertura oportuna" a ese mecanismo de desvío de fondos a través de la Consejería de Sanidad que dirigía Lamela la otorgó el llamado Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 que sirvió a Aguirre para inaugurar seis nuevos hospitales en los meses previos a las autonómicas de 2007, en las que arrasó con el 53% de los votos. Ese plan dio un vuelco al modelo de sanidad pública encargando a empresas privadas la construcción y gestión de la parte no sanitaria de estas infraestructuras a cambio de un canon de dinero público durante 30 años. Años después, el Gobierno regional intentó ceder a empresas privadas también la gestión de la parte sanitaria de esos seis hospitales, pero la ofensiva de trabajadores y usuarios tanto en la calle como en los tribunales consiguió paralizar el plan.
Sin experiencia sanitaria previa
A pesar de no tener experiencia previa en este campo, la expresidenta colocó al frente de la Consejería de Sanidad nada más llegar al poder en 2003 tras el escándalo del tamayazo al hombre que años después se puede convertir en su delator. En 2007, la expresidenta acomodó en ese departamento a Juan José Güemes -imputado en esta misma causa y citado también este lunes- y trasladó a Lamela a Transportes. Allí estuvo hasta 2008, cuando abandonó la política para dedicarse por completo a sus negocios en el ámbito sanitario. Desde entonces ha llegado incluso a asesorar a empresas que gestionan adjudicaciones de las que fue responsable mientras era cargo público. Antes de ser reclamado por Aguirre había sido número dos del Ministerio de Agricultura cuando José María Aznar era presidente del Gobierno (1997-2003) y jefe de gabinete de Rodrigo Rato cuando este era ministro de Economía y vicepresidente del Ejecutivo (2003-2004).
El episodio más oscuro del paso de Lamela por la Consejería de Sanidad fue el bulo sobre las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Lamela dio pábulo desde su cargo a una denuncia anónima que en marzo de 2005 acusó a un servicio completo de ese centro sanitario, integrado por decenas de profesionales, de haber participado en un plan para asesinar a 339 personas administrándoles "dosis excesivas de fármacos". La Audiencia de Madrid acabó archivando el caso en enero de 2008 y ordenó quitar de la sentencia cualquier alusión a la mala práctica médica. Para entonces, los profesionales –entre ellos el doctor Luis Montes, que era jefe del servicio de Reanimación y coordinador de Urgencias del Severo Ochoa– llevaban tres años siendo objeto de una campaña pública de difamación capitaneada principalmente por el diario;El Mundo y la cadena Cope e instigada por el PP.
Sus años al frente de ese departamento también le sirvieron para tejer relaciones en el ámbito empresarial. Desde su abandono de la política, en 2008, participa en una compleja red de sociedades relacionadas con la sanidad y ha llegado incluso a asesorar en sus pleitos con el Gobierno regional a una empresa de transporte sanitario, Ambulancias Alerta, a la que adjudicó un contrato cuando era consejero.
Entre 2010 y 2013 formó parte del consejo de administración de la constructora Assignia Infraestructuras, que entonces gestionaba la parte no sanitaria del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, precisamente uno de los hospitales semipúblicos que él adjudicó en su etapa como consejero. También en 2013, el Ministerio de Sanidad entonces dirigido por Ana Mato, encargó a la consultora BAPPH, de la que Lamela era consejero, un contrato de asesoramiento para la puesta en marcha de "un nuevo modelo de gestión clínica" en los hospitales de Ceuta y Melilla , los dos únicos de gestión estatal.
Este lunes, en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional, Lamela se enfrenta, por tanto, a una clara disyuntiva: señalar a Aguirre, la persona que le hizo consejero de la Comunidad de Madrid y le abrió las puertas de un sector con el que después ha hecho buenos negocios; o refutar los indicios que manejan los investigadores y aguardar el transcurso de una causa en la que se investigan supuestos delitos de malversación, falsedad documental y electoral, prevaricación, blanqueo, tráfico de influencias, revelación de informaciones privilegiadas, apropiación indebida y organización criminal.
Elena Herrera
FUENTE: eldiario.es
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