La escena se desarrolla en una sala del edificio neoclásico que alberga la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Tiene lugar "a principios del año 2004". Aparece la nueva presidenta de los madrileños, Esperanza Aguirre, quien había jurado el cargo el noviembre anterior. El oscuro episodio del tamayazo propició una repetición electoral en la que el Partido Popular consiguió los diputados suficientes para gobernar, la primera de las tres mayorías absolutas en Madrid. Aguirre está rodeada de los miembros de su flamante Ejecutivo y en la sala entra Daniel Horacio, un empresario argentino afincado en España que viene a presentar una campaña publicitaria, a la postre, un latiguillo que acabaría asentándose en la cabeza de los ciudadanos: "Madrid, la suma de todos".
Pero la reunión escondía segundas intenciones. Durante la misma, y con el empresario presente, "se habrían dado las instrucciones a los consejeros de la CAM para que se contara con Daniel Horacio Mercado, y especialmente con su sociedad Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación". Apenas habían pasado unas semanas desde que se convirtiera en presidenta de los madrileños y Esperanza Aguirre ponía en marcha la maquinaria para desviar el dinero de los madrileños a la financiación del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Así lo apunta de forma indiciaria el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en un auto de 85 páginas, el relato de cómo el Partido Popular habría ganado al menos dos elecciones autonómicas, las de 2007 y 2011, haciendo trampas en la campaña electoral, una práctica que reproduciría a nivel local en los comicios generales de 2008.
El trabajo de más de cinco años de las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, de todos los funcionarios bajo su dirección en la Fiscalía Anticorrupción, de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con Eloy Velasco al frente y después con Manuel García Castellón, permiten a este último magistrado escribir este 2 de septiembre de 2019: "Respecto de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid".
La relevancia penal de esta afirmación está en su contexto: pertenece al auto más destacado hasta la fecha de la pieza número 9 del sumario Púnica, dedicada a la financiación "ilícita" del Partido Popular en Madrid y en el que se incluye a Esperanza Aguirre en la lista de imputados por esta práctica. Casi seis años después de la detención de Francisco Granados en el sumario Púnica, emerge un auto judicial que señala a la que fue su jefa y la persona que le dio todo el poder en Madrid.
Esa financiación que ideó y dirigió presuntamente Aguirre precisaba que empresarios como Daniel Horacio inyectaran importantes sumas de dinero para las campañas del Partido Popular a cambio de que el Gobierno autonómico del PP les concediera suculentos contratos, pagados con el dinero de todos los madrileños.
"La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, y decidiéndose que su órgano ejecutor fuese la Vicepresidiencia Primera y Portavocía del Gobierno", en manos de Ignacio González. Con los citados párrafos y otro puñado de citas demoledoras para la expresidenta autonómica, el juez García Castellón arruina la fábula de los colaboradores que le habían salido rana a Aguirre. Hasta hoy no le habían ahorrado tener que dejar la política, asediada por los escándalos de corrupción a su alrededor Ahora, Esperanza Aguirre pasa a compartir lista de "investigados" por la financiación irregular del PP madrileño junto a aquellos batracios descarriados, el propio Ignacio González y Francisco Granados .
La respuesta de quien fue presidenta de la Comunidad de Madrid durante nueve años es un comunicado remitido a la agencia Europa Press en la que asegura que declarará "con mucho gusto" ante la Audiencia Nacional y que el contenido del auto del magistrado Manuel García Castellón "es falso".
La tesis de que el Partido Popular de Madrid se había financiado de forma irregular sin que su presidenta lo supiera se enfrenta ahora a evidencias tales como la que expone el juez al asegurar que se llegaron a cambiar leyes para materializar esta práctica corrupta. Concretamente la Ley 6/2005 de Presupuestos Generales para el ejercicio siguiente, en la que se introdujo una disposición adicional para que absolutamente toda la Administración madrileña, a excepción de la Radio Televisión pública, debieran solicitar "autorización previa" a la Vicepresidencia y Portavocía que ocupaba Ignacio González para contratar con dinero público cualquier publicidad o difusión en medios de comunicación.
El auto del juez García Castellón describe una organización dedicada a la financiación irregular del PP que tiene en su cúspide a Esperanza Aguirre. Afirma que ella "se habría apoyado" en subordinados clave, como los citados González y Granados, y el gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, "para que ejecutasen sus decisiones", de manera que la supervisión le correspondería a Esperanza Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros".
Un despliegue electoral "fastuoso"
El Partido Popular de Aguirre en Madrid encargó a Horacio y otros empresarios lo que el juez denomina en su auto "la organización, diseño y contratación de publicidad" de las campañas citadas de 2007, 2008 y 2011 "sin importarle el coste de las mismas, en aras de conseguir una gran difusión y un fastuoso despliegue escenográfico y tecnológico en la celebración de los eventos".
El auto del juez dedica un destacado apartado a Fundescam, la fundación vinculada al Partido Popular utilizada como vínculo por empresarios afines para financiar de forma irregular las campañas de Aguirre. "Que le pregunten a Pío, Pío", dijo Aguirre cuando aparecieron las primeras informaciones sobre la trama, en referencia a su predecesor Pío García Escudero en el PP madrileño. Ahora, la Audiencia Nacional también destruye esa maniobra de distracción.
"La investigación ha revelado la existencia del concierto dirigido a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen fraudulentamente gastos particulares del Partido Popular de la comunidad de Madrid y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008. El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la CAM a Fundescam. Responsables de la trama según el juez: Beltrán Gutiérrez, Ignacio González, Francisco Granados y Esperanza Aguirre, quien "se apoyó en ellos para que ejecutasen sus decisiones".
El juez también vincula a Aguirre con la "caja B" del PP madrileño. Recuerda que junto a Granados y el gerente Gutiérrez ella era la tercera autorizada en las cuentas del partido. Con ese dinero sin declarar al Tribunal de Cuentas se paga a proveedores y la publicidad electoral en los medios. "Una situación como la descrita explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la Presidenta del PPCM y Presidenta de la Fundación (Fundescam), quien se postuló a presidenta de la CAM en las campañas de los años 2007 y 2011".
Pedro Águeda
FUENTE: eldiario.es
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