La crisis política que se vivió ese otoño culminó con la votación del 1 de octubre en una consulta de independencia declarada previamente ilegal y suspendida por el Tribunal Constitucional y que se celebró en una jornada violenta con la intervención de fuerzas de seguridad del Estado.
El gobierno catalán de entonces, encabezado por el ex presidente Carles Puigdemont, consideró que los resultados de esa consulta -que contó con un 43% de participación y un 90% de votos a favor de la secesión- legitimaban la declaración unilateral de independencia.
Esta se produjo en dos ocasiones: la primera, el 10 de octubre, para buscar un "diálogo" con el gobierno español y la segunda, 17 días después, en una polémica sesión del Parlamento en la que que los partidos no independentistas se ausentaron al considerar ilegal la votación.
Esto llevó al gobierno español a aplicar el artículo 155 de la Constitución española que le permitía tomar control de la región.
Más de un año después, el tema sigue siendo dominante en la agenda política española y este juicio, que ha comenzado este martes y se prevé que dure varios meses, es seguido con máxima atención por su capacidad de exacerbar divisiones existentes dentro de la sociedad catalana y en las relaciones entre los gobiernos catalán y español.
Te contamos cuáles son las principales claves de un juicio en el que serán llamados cientos de testigos, entre ellos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy.
- ¿Quiénes son los acusados?
En el juicio hay 12 acusados, nueve de los cuales han pasado ya más de 10 meses en la cárcel esperando el comienzo del juicio. Las mayores penas para ellos las pide la fiscalía, mientras que la Abogacía del Estado, dependiente del ejecutivo español, solicita castigos menores.
Entre ellos están:
- Oriol Junqueras, ex vicepresidente y el líder independentista de más alto rango después de que el ex presidente Carles Puigdemont saliera del país. La Fiscalía solicita 25 años de prisión para él y la Abogacía del Estado, 12.
- Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán cuando se produjo la votación del referendo y de la legislación que lo facilitó. La Fiscalía pide 17 años de prisión; la Abogacía lo reduce a 10 años.
- Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana, una organización de la sociedad civil cuyo objetivo es lograr la independencia de Cataluña. La Fiscalía pide 17 años de prisión y la Abogacía del Estado 8.
- Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, una organización centrada en la lengua y cultura catalanas, y activista por la independencia. La Fiscalía pide 17 años de prisión y la Abogacía del Estado, 8.
También enfrentan cargos en este juicio Joaquim Forn, ex consejero catalán de Interior; Jordi Turull, ex portavoz del gobierno; Raül Romeva, ex consejero de Exteriores; Dolors Bassa, ex consejera de Trabajo; Josep Rull, ex ministro de Territorio; Carles Mundó, ex consejero de Justicia; Meritxell Borras, ex consejera de Gobernación; y Santi Vila, ex consejero de Economía, para el que la Fiscalía pide 7 años de prisión, los mismos que la Abogacía del Estado.
- ¿De qué se les acusa?
Los nueve acusados que están en prisión serán juzgados por el delito de rebelión a petición de la fiscalía, aunque la Abogacía del Estado rebajó la gravedad al delito de sedición.
Entre ellos, los seis que eran miembros del gobierno catalán durante los meses anteriores y durante el referendo (Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull) serán juzgados también por malversación de fondos públicos, lo mismo que los ex consejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila.
Borràs, Mundó y Vila no están acusados de rebelión, sino de desobediencia.
Un aspecto clave del juicio es determinar si los acusados son responsables de asumir o alentar la violencia que se produjo en días previos al referendo y en el mismo día de la votación.
La fiscalía cree que sí, al incitar a los ciudadanos a votar en una consulta ilegal pese a haber sido advertidos de la posibilidad de actos violentos.
Los independentistas, por el contrario, aseguran que nunca usaron la violencia y que su actitud siempre fue pacífica. La única violencia ilegítima, dicen, fue la causada por el Estado español.
En noviembre de 2018, más de 120 catedráticos y profesores de Derecho españoles firmaron una carta en la que rechazan que se pueda acusar de rebelión a los líderes independentistas dado que este requiere un "alzamiento público y violento".
La fiscalía también cree que los miembros del gobierno incurrieron en un delito de malversación al utilizar dinero público de la Generalitat de Cataluña para preparar la votación, publicitarla y facilitar su celebración, algo que estos niegan.
Los independentistas mantienen que se trata de un juicio político y que su resultado está predeterminado.
- ¿Por qué es importante?
Si algo hay claro a estas alturas es que el juicio será seguido con máxima atención en España, especialmente debido a las importantes repercusiones que puede tener sobre el escenario político más amplio.
Además de la capacidad para exacerbar más las divisiones sobre una cuestión que, pase lo que pase con los líderes independentistas, seguirá marcando la agenda política española, el juicio puede afectar también al gobierno del presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y sus posibilidades futuras.
Sánchez, presidente del gobierno desde junio de 2018, encabeza un gobierno en minoría gracias entre otros a los votos de los partidos independentistas catalanes.
Sánchez necesita ahora su apoyo para aprobar los presupuestos de 2019, pero el presidente catalán Quim Torra ha condicionado este apoyo a poder hablar sobre el tema de la autodeterminación de Cataluña.
Las encuestas muestran consistentemente una división en la sociedad catalana en relación a la independencia. Foto: Getty images, vía BBC Mundo
Si no se aprueban las cuentas, es probable que Sánchez convoque elecciones.
Para dar una idea de la carga política de este juicio, basta ver que el partido de extrema derecha Vox figura como acusación popular.
- ¿Por qué el ex presidente Carles Puigdemont no está en el juicio?
Carles Puigdemont huyó de España el 29 de octubre de 2017 y está establecido en Waterloo, Bélgica. Las autoridades de este país y de Alemania rechazaron entregarlo por el delito de rebelión, tal y como pedía el juez instructor del caso, tras lo cual este retiró la orden europea de detención.
Los ex consejeros Meritxell Serret, Lluís Puig y Antoni Comín también están en Bélgica, mientras que la ex consejera Clara Ponsatí está en Reino Unido y las diputadas Marta Rovira y Anna Gabriel están en Suiza.
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