El Gobierno ha allanado el adelanto electoral en el Congreso al escenificar la distancia con los independentistas y ha acusado a PP y Ciudadanos de llevar meses elevando la "crispación". El relato de Pedro Sánchez está hecho para las próximas elecciones: la derecha y los independentistas impidieron que se aprobaran los "Presupuestos más sociales de la historia".
El juicio a los políticos presos independentistas ha coincidido con el inicio del debate sobre PGE y ha "polarizado" las posiciones políticas, ha lamentado la ministra, que ha dado por perdida la votación sobre el proyecto al admitir que todo apunta a que reciba más votos negativos que positivos.
La asunción por parte de Pedro Sánchez de que los Presupuestos serán rechazados en en el trámite de las enmiendas a la totalidad ha provocado una aceleración en los planes del Ejecutivo, que baraja ahora un anticipo inminente de las elecciones generales. El equipo del presidente en Moncloa baraja la fecha del 14 de abril para esos comicios, pero levanta suspicacias en parte del Gobierno y del PSOE. Otras fechas posibles son el 28 de abril y también sigue sobre la mesa el superdomingo del 26 de mayo.
Tras agradecer el trabajo a las formaciones, especialmente Unidos Podemos, con las que han podido llegar a acuerdos, Montero ha dividido su discurso en ataques a PP y Ciudadanos, por un lado, y ERC y PDeCAT, por otro. "Todo indica que el independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña, y la derecha votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. ¿No viven mejor en la confrontación?", se ha preguntado.
La distancia del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas se marcó el pasado viernes, cuando Carmen Calvo dio por rotas las negociaciones sobre una mesa de partidos a la que el Govern condicionaba la posición de los grupos que lo sustentan a las cuentas públicas.
La ruptura, que provocó el fin de las conversaciones, se produjo justo después de que PDeCAT registrara su enmienda a la totalidad sumándose a ERC, a pesar de que hasta entonces el Gobierno sostenía que hasta el último momento las podían retirar. Pero el escenario para entonces ya había cambiado en pleno incendio por los avances en las negociaciones con la Generalitat sobre la aceptación de un "relator" para coordinar los trabajos de esa mesa de partidos.
"Este Gobierno no cede al chantaje"
Montero ha reiterado que el Gobierno no va a aceptar el derecho a la autodeterminación que le exigía el Govern. "Este Gobierno no va a ceder al chantaje por parte de nadie. No va a admitir en ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho de autodeterminación –ha dicho Montero, que en sus primeros 30 primeros minutos no ha hecho ninguna referencia concreta las partidas presupuestarias–. Ni podemos, ni queremos", ha apostillado.
"Los independentistas tuvieron la ensoñación de que el Gobierno aceptaría lo inaceptable", ha reiterado la ministra: "Tal planteamiento sería nocivo para toda España, y especialmente para Cataluña", ha añadido. También ha defendido que el Ejecutivo "siempre" ha apostado por la vía del diálogo dentro de la Constitución. "Hemos intentado de forma honesta y transparente reconstruir puentes" y es lo que seguirán tratando de hacer, ha asegurado. "La construcción de un país no depende de quien tiene la bandera más larga, sino de quien tiene la capacidad de llegar a acuerdos. De eso se trata", ha recalcado.
Pero también ha cargado con dureza contra PP y Ciudadanos, a quienes ha acusado de traspasar "todas las líneas rojas" con la manifestación de este fin de semana (junto a Vox, partido al que no ha mencionado por su nombre) y de querer "encender la mecha de un polvorín". "PP y Cs han traspasado todas las líneas rojas y se han convertido en una oposición dañina y destructiva para el país. Ambos quieren sacar votos de la confrontación sin preocuparles los destrozos que puedan provocar", ha dicho.
Montero defiende el diálogo frente a la "crispación"
También ha advertido a estos partidos de que están alentando una "intolerable escalada de crispación" y ha comparado la "catarata de invectivas y descalificaciones" que ha recibido Pedro Sánchez con las que sufrió Adolfo Suarez. La referencia iba dirigida directamente a Pablo Casado y Albert Rivera, que presumen de la figura del expresidente mientras están, según ha dicho, "en las antípodas de los modos en que Suárez desempeñaba su función".
Entre unos y otros, ha lamentado, van a echar abajo unos presupuestos que a su juicio son los que el país necesita en este momento del ciclo económico y que "objetivamente son buenos para la ciudadanía vivan donde vivan", ya que están diseñados para cerrar "las heridas de la crisis", ha defendido.
Es previsible que mañana miércoles, en las votaciones, salgan adelante las enmiendas a la totalidad, lo que implicará la devolución de este proyecto al Gobierno, y, probablemente, la convocatoria de elecciones anticipadas. Su destino depende de los apoyos de ERC y PdCAT, que firman dos de las seis enmiendas a la totalidad presentadas, debido al curso de las negociaciones con el Gobierno sobre la cuestión independentista.
A día de hoy hay más síes que noes en favor de las enmiendas a la totalidad ya que los votos de los grupos enmendantes suman 185 escaños, a los que se añaden 2 de UPN, por lo que serían 187. Los noes del PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís a las peticiones de devolución suponen 160 votos, mientras que Nueva Canarias previsiblemente se abstendrá y EH Bildu aún no ha decidido su voto.
Órdago a la desigualdad
Ya en el terreno económico, Montero ha intentado desgranar por qué cree que estos presupuestos son necesarios para corregir la "brecha social, generacional y de género" que han dejado "años de crisis y políticas equivocadas". "Es urgente cambiar el modelo económico" y hacer un "órdago a la desigualdad en todas las vertientes", ha dicho.
Para ello, ha asegurado que el proyecto presupuestario de 2019 aporta una renta indirecta en forma de prestaciones o servicios públicos equivalente a 4.174 euros por ciudadano, informa EFE. Esta cifra se eleva hasta los 5.148 millones si se incluyen los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas con transferencias del Estado, ha señalado Montero.
Los servicios públicos llegan así a todos los ciudadanos, ha argumentado Montero, que ha defendido que estos presupuestos suponen una "enmienda a la totalidad " de la política social, económica y presupuestaria de los gobiernos del PP, que a su juicio agravaron la "dureza e impacto" de la crisis en las clases medias.
También ha criticado que la administración general del Estado "incumplió de forma sistemática" los objetivos de déficit, que solo se cumplieron a nivel global gracias a los esfuerzos de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Los presupuestos avanzan en la consolidación fiscal -ha asegurado que sin cuentas el déficit público se iría al 2,2 o el 2,4% del PIB, cuando el objetivo es del 1,3%- al tiempo que afrontan "los problemas cotidianos de la gente".
Las cuentas son "un punto de inflexión necesario", avanzan en la cohesión social e invierten en políticas de gasto "esenciales" como la investigación, la cualificación de la mayo de obra o la lucha contra la violencia de género.
"La competitividad de un país no puede ser a costa de la dignidad de los trabajadores", ha subrayado, sino que el empleo tiene que ser "de calidad, digno, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres".
La ministra también se ha referido a la subida del salario mínimo, que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores y permitirá recuperar el peso de los salarios sobre el PIB, que era del 51,91% en 2009 y se ha reducido hasta el 47,18%.
También ha defendido que las cuentas incluyen medidas para recuperar el "ascensor social" del Estado del bienestar y otras como un ingreso mínimo vital que permitirá que 82.000 niños salgan de la pobreza severa.
Asimismo, ha apuntado que las empresas y emprendedores se beneficiarán de más de 13.000 millones de euros a través de transferencias, servicios o inversión en investigación y desarrollo.
El proyecto de presupuestos elaborado por Montero se basa en un gasto no financiero de 345.358 millones de euros, un 5,3% más que en 2018, y en ingresos no financieros de 316.181 millones, un 7,8% más. El techo de gasto asciende a 125.064 millones de euros, una subida del 4,4%.
Con estas cifras, el Ejecutivo se ha marcado la meta de cumplir con un déficit en el conjunto de las administraciones del 1,3% del PIB en 2019, una tarea que ha puesto en duda la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En el lado de los gastos, las pensiones se llevan cuatro de cada diez euros (153.864 millones).
Marina Estévez Torreblanca / Irene Castro
Eldiario.es
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