"El Pacto Mundial para la Migración es un documento que trata temas que afectan a los ciudadanos. Consideramos oportuno, por ello, interrogar al Parlamento y tomar las decisiones definitivas según el resultado del debate parlamentario, al igual que ha hecho suiza", explicó en una nota el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.
Conte agregó que Italia no participará en la cumbre que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre en la ciudad marroquí y que se adherirá al documento "sólo cuando el Parlamento se haya pronunciado". El pacto fue acordado en julio pasado por los todos los Estados miembros de la ONU, con la única excepción de Estados Unidos, que se desmarcó del proceso a finales de 2017. Desde entonces Suiza, Hungría, Austria, Australia, Bulgaria, Israel, Polonia y la República Checa han anunciado que no ratificaran el acuerdo.
La ONU recordó, entre tanto, que el Pacto Mundial para la Migración no obliga a nada a ningún país y sugirió que aquellos que opten por desmarcarse podrían ver debilitada su credibilidad internacional. Según la representante especial de la ONU para la Migración, Louise Arbour, corresponderá a esos países analizar "dónde les deja como actores internacionales" el haber negociado un acuerdo, extraído ciertas concesiones y luego no respaldarlo. Ante esta decisión protestaron desde las filas de la oposición y el portavoz de Partido Demócrata (PD) en la Cámara de los diputados, Graziano Delrio, afirmó que "Salvini había desmentido al ministro de Exteriores y a Conte que en la ONU habían dado apoyo al Pacto" y que así "Italia pierde credibilidad".
Nueva ley migratoria
Salvini, líder del partido ultraderechista Liga y ministro de Interior, fue impulsor de la nueva ley migratoria en Italia. Sobre esta reforma solo resta la revisión de una serie de órdenes del día y después se procederá a la aprobación final de todo el proyecto de ley, que se espera en las próximas horas y que se da por descontada por la mayoría con la que cuenta el Ejecutivo.
Unas 200 personas se manifestaron a las puertas del Parlamento para mostrar su rechazo a esta polémica ley y escenificaron un funeral por los derechos, bajo denuncias de racismo.
Salvini expresó en rueda de prensa su "enorme satisfacción, no como ministro, sino como ciudadano italiano", pues, aseguró, la norma "dará más tranquilidad, orden, reglas y serenidad a las ciudades".
La nueva ley se articula en tres pilares: inmigración, seguridad pública e impulso a la lucha contra el crimen organizado. En materia de inmigración se suspenden los permisos de residencia por motivos humanitarios, que se concedían durante dos años y daban acceso al mundo laboral y a la seguridad social a los refugiados, y en su lugar se introducen permisos de un año de "protección especial".
Además, se negará o rechazará la protección internacional en caso de que el inmigrante sea condenado en vía definitiva, también por los delitos de violación, venta de drogas, robo o extorsión, y se declara como "delito de particular alarma social" la mutilación genital.
La nueva ley alargará el plazo durante el que los inmigrantes podrán permanecer en los centros de identificación, pasando de los actuales 90 días a 180, un periodo que el Gobierno del euroescéptico Movimiento 5 Estrellas y la Liga consideran oportuno para identificar al solicitante. En materia financiera se destinarán más fondos para la repatriación voluntaria de inmigrantes y se retirará la protección a quienes regresen a su país de origen, si no es por "graves y comprobados motivos".
Sobre seguridad pública, la nueva ley estipula que las empresas de alquiler de vehículos comuniquen a la policía los datos de sus clientes para comprobar su historial y evitar así posibles atentados por atropello como los sucedidos en Niza, Berlín o Londres.
Permitirá a los agentes de ciudades con más de 100.000 habitantes el uso experimental de la pistola eléctrica Taser, y los clubes de fútbol deberán aumentar su aportación a la seguridad de los estadios, destinando entre el 5 % y el 10 % de la venta de billetes.
La ley extiende el conocido como "Daspo", la prohibición de acceso a espectáculos deportivos para personas que hayan manifestado una conducta agresiva o peligrosa, que será aplicado también en áreas dedicadas a ferias, mercados y en hospitales.
Por último, en cuanto a la mafia, esta nueva medida incrementa los recursos destinados al ente que gestiona los bienes incautados a los criminales y liberaliza estas propiedades, que podrán ser ahora compradas por privados "con rigurosos controles" para que no vuelvan a manos de los clanes.
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