La clave fue una carta de 2009 escrita por el cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz, cuando era arzobispo de Santiago, dirigida al nuncio Giuseppe Pinto. En la misiva, el sacerdote daba cuenta de la intención de ocultar ciertos procesos, pidiendo explícitamente la reserva para evitar un escándalo.
Además, en la correspondencia, Errázuriz reconoció haber cerrado la primera investigación canónica en contra de Karadima, dando cuenta de que entonces mintió cuando dijo en distintas instancias, incluso judiciales, que el caso sólo lo había suspendido, además del hecho de que pidió no interrogar a Karadima “por respeto”.
Víctimas de Karadima: fin de la impunidad
Los denunciantes de los abusos cometidos por Karadima difundieron un comunicado donde compartieron su “alegría” por la decisión del tribunal de alzada.
James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo dijeron en un comunicado de prensa, que la decisión de la Corte demuestra que el Estado “se está poniendo al día para que, independiente del poder de una organización, todos deben responder por sus actos, especialmente si tienen a su cargo el cuidado de niños, adolescentes y personas vulnerables”.
“Este fallo debiera marcar el fin de la impunidad en materia de abuso sexual clerical”, sostienen las víctimas de Karadima.
Karadima, de 88 años, influyente formador de varios obispos, había sido suspendido de por vida de sus funciones por el Vaticano en 2011 tras ser condenado por actos de abuso sexual a menores cometidos en las décadas del 80 y 90 en la parroquia de El Bosque, en una zona exclusiva de Santiago.
Hasta ahora, el papa Francisco aceptó la renuncia de siete obispos chilenos, expulsó del sacerdocio a otros dos obispos eméritos y a los sacerdotes Karadima y Cristián Precht, reconocido defensor de los derechos humanos durante la dictadura.
En paralelo, la justicia mantiene 119 causas abiertas por casos de abusos cometidos o encubiertos por obispos y sacerdotes.
Si (
No(
