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Agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet protestan contra la decisión de la Corte Suprema.
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Agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet protestan contra la decisión de la Corte Suprema.

Protestas en Chile por liberación de condenados por crímenes durante la dictadura

  • La Corte Suprema de Chile decidió liberar a seis exmiltares y un policía, quienes participaron y encubrieron los abusos durante al dictadura de Augusto Pinochet. Familiares de las víctimas y activistas se protestaron al respecto.

jueves 02 de agosto de 2018, 11:52h

02AGO18 – SANTIAGO DE CHILE.- Las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet protestaron hoy en Santiago contra la decisión de la Corte Suprema chilena de liberar a siete exagentes del régimen que cumplían condena en prisión por violaciones a los Derechos Humanos.

Varias decenas de representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se congregaron frente al Palacio de Tribunales para mostrar su rechazo a una decisión judicial que, denuncian, favorece la impunidad.

"La Corte Suprema chilena, igual como hacía durante los años de la dictadura cívico-militar, ha vuelto a fijar una posición política que la pone del lado de la impunidad", dijo a los periodistas Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.

Los manifestantes portaban pancartas y fotografías de sus familiares desaparecidos y asesinados durante la dictadura (1973-1990) y entonaron consignas contra el magistrado Hugo Dolmestch, uno de los integrantes de la II Sala Penal del máximo tribunal chileno, que ha otorgado la libertad condicional en seis de los siete casos.

La Corte Suprema ordenó ayer la excarcelación de cinco exagentes de Pinochet, que podrán cumplir sus condenas en libertad provisional, y este miércoles informó que otros dos antiguos represores han obtenido el mismo beneficio.

Pizarro calificó las resoluciones del tribunal como una "desvergüenza" y aseguró que las excarcelaciones contradicen el Derecho Internacional Humanitario e incumplen tratados internacionales suscritos por el Estado chileno.

La dirigente de la AFDD consideró que la Corte Suprema ha emitido una "señal política" para demostrar que está en sintonía con el Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

"Llegó la derecha, ese misma derecha que violó los derechos humanos el año 1973 y durante 17 años; ahí están, y están devolviendo los favores a la mal llamada familia militar", sostuvo.

Pizarro apuntó sus dardos hacia el ministro de Justicia, Hernán Larraín, un férreo defensor del régimen de Pinochet al que acusó de haber defendido en el pasado la Colonia Dignidad, un enclave alemán en el sur de Chile que sirvió como centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura.

Los familiares de las víctimas señalaron que denunciarán los hechos en "instancias internacionales", aunque subrayaron que los primeros pasos deben darse en Chile.

"Necesitamos que esto se detenga ahora, y para eso demandamos del Poder Legislativo, de la oposición en el Parlamento, que legisle ya dos iniciativas que van a detener esto. Si no lo hacen, no vengan a hablar de derechos humanos, van a ser parte de que el día de mañana en Chile volvamos a tener una dictadura", manifestó Pizarro.

Los beneficiados con el fallo del martes son Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.

Este miércoles, la Corte Suprema ordenó la excarcelación de Emilio de la Mahotiere, condenado como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, y de Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado (desaparición) de tres ciudadanos uruguayos en 1973.

Los activistas calificaron de errada la decisión de los jueces y afirmaron que la legislación internacional sí "fija impedimentos y condiciones para otorgar cualquier tipo de beneficio que considere anticipada", para la liberación de reos por crímenes de lesa humanidad.

Hasta mediados de 2017, existían un total de 1.328 causas penales por crímenes contra los derechos humanos en tramitación en los tribunales chilenos. Durante el año pasado, al menos 31 exagentes de la dictadura de Pinochet acudieron a los tribunales buscando revertir los procesamientos en su contra, conseguir la libertad provisional o acusar inconstitucionalidad, de acuerdo con el Informe de Derechos Humanos de 2017 de la Universidad Diego Portales.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) unas 3.800 personas murieron o desaparecieron, mientras que unas 38.000 fueron torturadas, según datos oficiales.

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