En unas semanas habrá elecciones al Parlamento Europeo. Y la principal característica de estas elecciones será el elevado grado de abstención, que se explica, entre otras razones, por el sentimiento generalizado de que la ciudadanía y su voto tienen poco que ver con lo que ocurre en la Unión Europea, sentimiento que está basado en una realidad que se intenta ocultar en los medios, esto es, que esta UE se ha ido construyendo a espaldas de la población. Es difícil negar esta realidad. En España, esta realidad no puede mostrarse de una forma más clara. Muchas de las políticas gubernamentales que se han estado aplicando carecen de mandato popular, sin que ninguna de ellas estuviera en el programa electoral de los partidos gobernantes.
La otra causa de la abstención es la escasa popularidad del proyecto europeo, pues las políticas que se están aplicando están dañando enormemente a las clases populares, que constituyen la mayoría de la población en cada país miembro de la UE. Aquí, de nuevo, es difícil argumentar en contra de esta percepción, pues la evidencia de que las políticas públicas que se están aplicando están determinando de una manera muy marcada y sin precedentes un retroceso en el bienestar y calidad de vida de las poblaciones de los países miembros de la UE (y muy en particular de los países periféricos de esta colectividad) es abrumadora.
¿Por qué está ocurriendo esto?
Las explicaciones son múltiples, y la mayoría están orientadas al análisis meramente macroeconómico, que, aun siendo interesante, es dramáticamente insuficiente. Y una de las causas de estas insuficiencias son las limitaciones del marco analítico que se utiliza para explicar la situación descrita en la sección anterior. El abandono de categorías y conceptos basados en las tradiciones críticas del capitalismo ha tenido consecuencias muy negativas para las izquierdas, muchas de las cuales, y muy especialmente las de tradición socialdemócrata, han aceptado las explicaciones dominantes, convirtiéndose en cómplices de la construcción de esta UE. Veámoslo y vayamos por pasos.
En el centro de la explicación tiene que ponerse el conflicto capital-trabajo o, lo que solía llamarse, lucha de clases. Lo que estamos viendo en este periodo histórico es el dominio casi absoluto del capital (hegemonizado por el capital financiero) sobre el proceso de establecimiento de la UE, el cual se realiza a costa del mundo del trabajo. Como consecuencia, en muchos de los países de la UE las rentas del capital han subido como porcentaje del PIB, mientras que las rentas del trabajo han bajado, y ello como resultado de las políticas públicas impuestas a las poblaciones por los Estados, claramente influenciados por los instrumentos y partidos del capital (en los cuales incluyo a la mayoría de partidos socialdemócratas). Estas políticas, tales como las reformas del mercado laboral (que tienen todas ellas como objetivo la reducción de los salarios) y el desmantelamiento del Estado del Bienestar (que tiene como objetivo reducir la protección social y, por lo tanto, debilitar al mundo del trabajo), están consiguiendo lo que el capital (tanto financiero como productivo) ha deseado. El crecimiento de las rentas del capital es su expresión. Desde 1999 a 2006, los beneficios empresariales aumentaron un 33,2% en la media de la UE-15 y un 36,6% en la eurozona, mientras que los costes laborales subieron solo un 18,2%.
En todos los países de la UE, las instituciones bancarias y aseguradoras, así como la gran patronal, han sido las máximas valedoras de estas políticas. Y a través de la enorme influencia que ejercen, tanto en el mundo académico como mediático, han configurado la sabiduría convencional en el área de conocimiento de la economía, que, a fuerza de repetirse (sin posibilidades de ser cuestionada), se ha convertido en el dogma citado anteriormente.
¿Por qué se está desmantelando la Europa Social?
Pero existe otro objetivo de estas políticas públicas, además de debilitar al mundo del trabajo. Y es el de ofrecer posibilidades de acumulación de capital (es decir, inversiones altamente rentables) en las áreas sociales. El desmantelamiento del Estado del Bienestar, mediante medidas tales como la privatización y comercialización de las pensiones, así como la privatización y comercialización de los servicios públicos del Estado del Bienestar (y muy en especial de la sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, servicios domiciliarios, escuelas de infancia, programas antipobreza y exclusión social, entre otros), es la “nueva frontera” para la realización de beneficios del capital financiero (bancos, compañías de seguros, hedge funds y otros). En España, por ejemplo, el Sistema Nacional del Salud está siendo desmantelado, siendo sustituido por el aseguramiento sanitario privado y por la gestión privada por parte de instituciones financiadas por entidades financieras de alto riesgo como los hedge funds.
La “nueva frontera” anterior fue la privatización de la deuda pública, facilitada por el sistema de gobierno del euro (dirigido por el Banco Central Europeo, BCE, que como he indicado en varias ocasiones no es un Banco Central sino un lobby de la banca). El BCE imprime dinero y se lo presta, no a los Estados como ocurriría en un Banco Central normal, sino a la banca privada, a unos intereses bajísimos, con el cual esta compra deuda pública (a unos intereses elevadísimos, de un 3%, 6% o 13%), lo cual les representa un negocio redondo. La mayoría de la deuda pública es propiedad de la banca. Esta situación se ha hecho a costa del erario público, pues el pago de los intereses de la deuda público constituye ya el tercer ítem en el presupuesto del Estado español, después de la Seguridad Social y las transferencias a otras Administraciones Públicas.
Esta situación ha determinado una burbuja de la deuda pública que al estallar tendrá más consecuencias graves para el sistema bancario. De ahí el cambio de rumbo de la banca hacia terrenos más estables y predecibles, como las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. Por cierto, otra área ya promovida por el Fondo Monetario Internacional FMI es la inversión en áreas de respuesta a la crisis climática. Es lo que podríamos llamar la comercialización de las necesidades humanas.
¿Qué se puede hacer ante esta realidad?
Las respuestas varían según la sensibilidad política del proponente. La mayoría de partidos de izquierda y movimientos sociales progresistas tales como los sindicatos apoyan la existencia de la UE (prácticamente en todos los países) y del euro (que goza de un apoyo mayoritario, aunque menor que lo anterior). Esta observación, sin embargo, debe cualificarse, pues dicho apoyo o rechazo varía mucho según la clase social. En general, las clases trabajadoras apoyan la UE y el euro en menor grado que las clases medias y la burguesía. Y en varios países hay una oposición activa. Baste recordar que la Constitución europea fue rechazada por el 79% de la clase trabajadora en Francia, el 68% en Holanda, el 64% en Irlanda. Y expresaron su disconformidad el 69% en Alemania, el 72% en Dinamarca y el 74% en Suecia, aunque no votaron en un referéndum. No se hizo una encuesta semejante en otros países.
Es interesante señalar, sin embargo, que la mayoría de partidos de izquierda apoyan la continuidad tanto en la UE como en el euro, bajo el argumento de que, independientemente del mérito o demérito de haberse integrado, el coste de dejar el euro sería enorme. Para estos partidos y movimientos (de estos últimos, los más importantes son los sindicatos, reunidos en una confederación europea), la propuesta es el “cambio en la dirección” para establecer unos Estados Unidos de Europa con una estructura federal. Ello requeriría una transformación muy profunda de las instituciones de gobernanza de la UE y de la eurozona que sería fuertemente resistida por el capital financiero y productivo de cada país, los cuales prefieren la continuidad del sistema actual.
La estructura política, económica y financiera que existe en la UE y en la eurozona es muy semejante a la que el Tea Party de EEUU está proponiendo en EEUU. Es decir, un Estado sin gobierno central. Es un sistema escasamente democrático, en el que el capital domina claramente la gobernanza del euro. El capital financiero, cuyo máximo órgano es el BCE, se opondría totalmente a ese cambio. También se opondría a esta evolución el capital no financiero, pues la actual situación de negociación colectiva altamente descentralizada, que facilita la competitividad laboral entre países, facilitando a su vez la movilidad de personas y capitales, da un enorme poder al capital a costa del mundo del trabajo. Y también se opondrían las clases dominantes, pues la democratización de la Unión Europea implicaría una disminución de sus privilegios.
¿Salirse del euro?
Esta opción, por las razones mencionadas anteriormente, es extraordinariamente minoritaria. Solo partidos muy pequeños (de los dos polos del espectro político) y voces aisladas están sugiriendo salirse del euro, y esto por motivos diferentes. Por parte de sectores generalmente de derecha está su defensa de la soberanía nacional, asumiendo (erróneamente) que los Estados han perdido poder de decisión. La izquierda ha utilizado más frecuentemente el argumento de que la Europa actual está dominada completamente por el capital y que es imposible cambiarla en el sentido de ir hacia una Europa más democrática, solidaria y justa. Al argumento de los defensores de la estrategia federalista de que la salida del euro crearía un desastre, los defensores de la salida del euro indican que ya están en el desastre y que las políticas que se están desarrollando no solucionarán el desastre. Independientemente de los méritos o deméritos de esta alternativa, lo que es sorprendente es que no haya habido ningún debate en España sobre esta alternativa: la de salirse del euro (ver mi artículo “¿Salirse del euro?”, en Público, 31.10.13). Y también sorprende que, incluso permaneciendo en el euro, no se haya establecido un bloque de resistencia a la persistencia y continuidad de las políticas de austeridad que, a pesar de su enorme fracaso, continúan imponiéndose a la población.
Si (
No(
